La sinuosa ruta de Las Bambas

 

La sinuosa ruta de Las Bambas

Encargado: Fernando Alayo Obergozo


El Comercio publicó el 30 de marzo un informe que relata, con rasgos impresionantes, cómo ha ido evolucionando el conflicto de Las Bambas, cómo algo que pudo solucionarse con la intervención de Martín Vizcarra, cuando todavía se desempeñaba como Ministro de Transportes del entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski, se dejó intacto. Un pacto que no fue pacto, una comunidad a la que olvidaron, un pueblo con reclamos, una mina aprovechándose de todo esto. Eso es Las Bambas, eso demuestra también este informe.

Una nueva embestida contra las comunidades campesinas

Rodrigo Montoya Rojas
Antropólogo


(Crónica 1, marzo 29, 2019)

Vuelvo a escribir después de varios meses en los que estuve encerrado en una especie de retiro voluntario para terminar de escribir un libro. Me indigna lo que hacen las empresas mineras, el Estado, los abogados dispuestos a cualquier cosa para ganar dinero, los medios de comunicación del pensamiento único que cumplen con su deber de defender a las empresas mineras y el semisagrado crecimiento de la economía peruana. Más allá de mi indignación, tengo también el deber de situarme al lado de las comunidades campesinas, como lo he hecho toda mi vida. La comunidad de Ccollana, en Puquio-Lucanas-Ayacucho, de donde provengo y a la que pertenezco, está en tierras altas, relativamente vecinas a las de las provincias de Cotabambas y Chumbivilcas, en Apurímac y Cusco.

1. Está en marcha una embestida más contra las comunidades campesinas por parte de las empresas mineras con la abierta complicidad del Estado. Para que el Estado chino se lleve el cobre en bruto de la mina de Bambas, la comunidad de Fuerabamba se vio forzada a vender sus tierras y aceptar el traslado de su centro poblado a otro lugar y conformarse con nuevas tierras de pastos en Yavi Yavi, a más de 4 mil metros de altura, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Aceptaron también nuevas casas, de esas que se ven San Borja, en medio de las tierras altas, para “urbanizarse” en el corazón mismo de las planicies andinas.

2. Por una estupidez, la ley peruana reconoce la propiedad superficial de las tierras y reserva la propiedad del subsuelo y los aires, para el Estado. Los sabios quechuas aymaras y amazónicos se burlan con razón de la ignorancia de esos peruanos de papel, que no supieron copiar el ejemplo norteamericano de reconocer los derechos integrales de la tierra. Los habitantes de Texas en cuyas tierras se encontró petróleo se convirtieron en petroleros y millonarios.

3. El Estado dueño del subsuelo y de todos los aires del territorio peruano se consideró incompetente para explotar sus propios recursos y prefirió regalarlos a quienes querían explotarlos. Concesión (minera o forestal) es la figura legal de este grave error histórico. Con el tiempo, cuando la minería produjo mucho dinero, el Estado negoció y negocia con las empresas extranjeras y nacionales para recibir parte de las ganancias, dejando para ellas lo mejor de la torta y el consuelo de un porcentaje menor para el Estado.

4. Así como el Estado negoció las concesiones, los sindicatos mineros, la izquierda y algunas fuerzas progresistas y nacionalistas protestaron en congresos, plazas y calles hasta lograr un canon minero y petrolero que es una proporción pequeña de la ganancia producida por las empresas en beneficio colectivo de las provincias y departamentos en los que se encuentran los yacimientos.

5. En el caso de la mina de Bambas, la empresa suiza Xstrata, su primera propietaria, la vendió al Consorcio MGM Las Bambas, constituido por tres empresas chinas, cuya mayor accionista es el Estado de la República Popular China, la misma que es dueña de la mina de Marcona. Ambas optaron por una vía nueva: olvidar el canon y negociar directa e individualmente con cada comunidad, no con todas. Se trata de una opción astuta porque responde a la necesidad que las comunidades, comuneros, y el resto de habitante de los distritos y provincias tienen de obtener dinero y mejoras colectivas como antes, y ahora, directamente individuales.

6. Por problemas y estrategias empresariales la empresa estatal china compró la mina de Bambas a sus dueños suizos. Ese aparentemente simple cambio de propietarios, fue acompañado de nuevas condiciones impuestas a las comunidades con el evidente propósito de evadir responsabilidades en la cuestión del daño ambiental causado por la imposición de una carretera de 12 kilómetros para que 310 camiones diarios circulen de ida y vuelta, ignorando a los comuneros ganaderos, sus llamas, alpacas y ovejas de las tierras altas. La lógica empresarial es muy simple: la ganancia del capital está por encima de todo derecho humano. Cuando una famosa periodista de RPP le dijo a su entrevistado Porfirio Gutiérrez, alcalde del distrito de Fuerabamba que “en Yavi Yavi no hay nada”, el alcalde-comunero le informó que allí vivían seres humanos y animales. El consorcio de empresas chinas MGM, habría presentado ya una enmienda más para cambiar las condiciones establecidas en los contratos (ya serían más de 10). Hasta ahora, los funcionarios del Estado siguen con su histórica política de decir principalmente “amén”. ¿Hasta cuándo el amén?, ¿hasta cuándo la historieta de presentar enmiendas por lo bajo, siempre en beneficio exclusivo de las empresas?

7. En un contexto regional de negociaciones entre la empresa y las comunidades, individualmente para dividirlas mejor, el comunero Gregorio Rojas Paniura presidente de la comunidad de Fuerabamba contrató, por primera vez en la historia de la comunidad a los hermanos Chávez Sotelo, un par de abogados cusqueños, para que defiendan sus intereses, negocien con la empresa y consigan lo máximo posible, tanto para la comunidad. Eso es lo que saben hacer los abogados en Cuzco, Nueva York o Pekin. Cuánto más dinero obtengan serán considerados muy buenos o “tigres”, en el argot que se oye en predios judiciales y alrededores. Ocurre que los Chávez Sotelo, tendrían un prontuario de tigres, esos que para ganar un juicio o una negociación apelan a coimas, y otras maniobras sin escrúpulo alguno. Lejos de eso, don Gregorio Rojas, es un comunero que defiende a su comunidad. Ya veremos después quienes son los responsables de encarcelarlos a los tres juntos como si fueran parte de una banda criminal.

8. Más allá de la debilidad de las comunidades por presentarse solas a negociaciones y por ser víctimas también del capitalismo que destruye toda forma de bienes y prácticas colectivas, las comunidades cuentan aún con una reserva fundamental: su fuerza colectiva, que deriva de los ayllus preíncas e incas recreados en las comunidades dese de 1569 por el virrey Toledo. Las comunidades campesinas son las instituciones más democráticas que existen en el país; sus dirigentes son elegidos cada año, sin nada parecido a los golpes de estado de esos que los militares dan de tiempo en tiempo para defender la democracia, tal como ellos la entienden, a su gusto y medida. En las comunidades se reproduce y recrea la tradición andina de la reciprocidad y solidaridad, dos de sus fundamentos mayores, la música, canto, danzas, los saberes en tejidos, en alfarería, en medicina, el amor por la Pachamama-madre tierra y los Apus, padres nevados, también parte de las costumbres católicas con sus grande fiestas en honor a santas y santos.

Hoy, la comunidad de Fuerabamba está sola como siempre. Su presidente preso, suspendidas las garantías constitucionales para que no se reúnan más de tres personas, la policía y los soldados del ejército en sus puestos, para disparar cuando les den las órdenes de hacerlo, los ministros seguros en Lima, convocando a una reunión en Lima, el presidente de la república dando un discurso vacío sobre el diálogo, cuando el interlocutor principal está preso. En las pampas de Yavi yavi, en Fuerabamba y en todo el corredor minero de Apurímac, Cuzco y Arequipa soplan vientos fríos, oscurece el cielo, y la tempestad parece inminente. Este libreto viene de lejos, desde la llegada de Pizarro. Ningún gobierno en Perú ha sido capaz de negarse a repetirlo. ¿Podría el señor Vizcarra atreverse a navegar río arriba?

¿No es hora de salir a las calles en Lima para defender a las comunidades de Apurímac?


* Esta crónica fue publicada originalmente en Lamula.pe

Las Bambas al límite: de errores y extorsiones*

Julio Failoc R
Economista. Egresado de la Maestría de Gerencia Social de la PUCP. Consultor y Especialista en Manejos y Gestión de Conflictos Socio-ambientales y Desarrollo Local.


Para la mayoría, -en la que me incluyo- fue un error la captura de Gregorio Rojas, porque no sólo descabezó a la comunidad de Fuerabamba, dando pie para el surgimiento de liderazgos radicales poco dialogantes, sino que también frustró las negociaciones con el gobierno y la empresa MMG. Para otros la reciente liberación de Rojas puso de manifiesto la gran debilidad del gobierno en las negociaciones, abriendo paso para que las exigencias de las comunidades alcancen el límite extremo de pedir, previo al diálogo, la liberación de los hermanos Chávez.

Debo reconocer que lo señalado líneas arriba solo hubiese sido posible si el gobierno de Vizcarra tuviera el poder único y absoluto, como en las épocas doradas, en la que gobernaba tristemente el fujimontesinismo. Este no es ni por asomo el caso. Y es un deber moral de los ciudadanos decirlo y, si fuera posible, reiterarlo una o más veces. No obstante, hay que anotar que lo señalado no exime al gobierno de Vizcarra de haber cometido una serie de errores acumulativos que han hecho que lleguemos a la situación en la que nos encontramos y que resultaría ocioso enumerarlas, pero que sin embargo, resulta imperioso, corregirlos. 

Aun cuando el presidente diga que no le interesa el termómetro de las encuestas, lo cierto es que su gobierno está de picada y el conflicto con las Bambas le ha costado más de doce puntos, y si no hay un golpe de timón certero en las negociaciones con las comunidades, lo más probable es que siga costando más puntos en su popularidad.

Sería un error y un mal precedente acceder a soltar a los hermanos Chávez. El gobierno debería utilizar este caso emblemático para sancionar y neutralizar a los extorsionadores que rotan por diferentes partes del sur del país, donde existe la gran minería, ofreciendo sus servicios a cambio de un porcentaje importante, distorsionando los derechos legítimos de las comunidades, orientándolas hacia reivindicaciones economicistas, y renunciando incluso a la remediación o mitigación de los impactos ambientales, como es el caso de las Bambas.  

En este contexto, el gobierno debe redefinir su rol en los conflictos socio-ambientales a favor de la reducción de las asimetrías existentes de las negociaciones entre las comunidades y las empresas mineras. Para ello, si quiere evitar la intervención de personajes obscuros en las negociaciones con la actividad minera debe asumir el pago de los servicios profesionales de los asesores de las comunidades.    

El gobierno tiene la responsabilidad de cambiar los términos de las negociaciones y encausarla hacia el interés común de las comunidades, recogiendo sus preocupaciones sociales y ambientales, sobre todo éstos últimos, y asumir los compromisos que adquirió cando el presidente Vizcarra fue ministro de Transporte y Comunicaciones.


Este artículo fue originalmente publicado en NoticiasSER el 03 de abril del presente año.

 

ESPECIAL: La fiebre del cobre en Cotabambas

El Gran Angular: La fiebre del cobre en Cotabambas


Dirección y Producción: Magali Zevallos
Contenidos: Nylva Hiruelas y Magali Zevallos
Vídeo: Claudia Alagón
Fotografías: Claudia Alagón y Henrry Vásquez
Desarrollo web: Javier Dueñas
Diseño: Hiperactiva Comunicaciones/Claudia Alagón y Javier Dueñas
Asistente: Andrés Alviar


El Gran Angular ha logrado, bajo la dirección de Magali Zevallos, presentar un excelente especial sobre lo que ocurre con Las Bambas. De acuerdo a su slogan, El Gran Angular tiene la realidad como objetivo, y como tal, grafica exactamente lo ocurrido en Las Bambas sin mayor sesgo que el de informar.

Con entrevistas, reportajes y una línea del tiempo que nos permite ver la evolución del conflicto, este especial nos sitúa exactamente donde tenemos que estar para poder entender el conflicto en toda su extensión. Las Bambas no es solo una protesta aislada de pobladores interesados en beneficios económicos, Las Bambas representa, como bien lo evidencia el informe, lo separado que se encuentra el Estado peruano de su población. Y sobre todo, lo poco interesados que se muestran en resolver el conflicto. Ante ello, ¿qué ha cambiado con el nuevo gabinete? ¿Podrán resolver algo que sus predecesores no pudieron o no quisieron resolver?

Reflexiones como esta son las que nos dejan este pertinente especial que a continuación compartimos, exhortándolos a seguir a esta página cuyo contenido siempre aporta algo al debate en los temas más álgidos del país de Arguedas.

Para bailar la Bamba*

 Agustín Haya de la Torre
Sociólogo


En la época colonial la bamba veracruzana la bailaban entre varios. Por lares andinos la etimología la sabemos distinta. Resulta extraño que en la última fase del conflicto en Las Bambas, que lleva ya varias semanas, solo aparezcan el Estado y la comunidad.

Al concepto estatal pertenecen también alcaldes, gobernadores e incluso congresistas, que tras una evasiva moda pretenden quitar el cuerpo a sus competencias como funcionarios públicos.

Durante semanas nadie ha visto a los empresarios o a sus abogados. Los actores públicos alborotados tratan de atender el lío, contradiciéndose los unos a los otros. Proponen diálogo pero el presidente de la comunidad acaba preso junto con sus abogados. Luego descubren que carecen de elementos de convicción, liberándolo.

Inmediatamente Gregorio Rojas retoma la agenda que discutía con la empresa, precisando que reclama 40 millones de soles por las 40 hectáreas que la minera usa en sus terrenos.

Con impecable criterio neoliberal, razona como lo harían Friedman o von Hayek. Sin consultarle usan su propiedad como carretera, pues bien, que le paguen de acuerdo al costo de oportunidad. Además nos cuenta que hace años que negocian con la mina, sin que nadie se meta, como corresponde a un Estado subsidiario de los mercados, tal como lo quiere la Constitución fujimorista.

Entonces los representantes del Estado subsidiario no saben muy bien qué hacer. Los grandes medios concurren en su auxilio defendiendo la detención de los “extorsionadores”. Nadie aclara que al cambiar de dueños, los camaradas de MMG dejaron de lado la construcción del minero ducto, optando por ampliar caminos vecinales rebautizados como “vía nacional”, sin asfalto ni señales adecuadas, para que 300 camiones lleven el mineral a menor costo.

Los representantes del pueblo, o sea el Ejecutivo, congresistas, gobernadores, alcaldes, no manejan las negociaciones entre los privados, Dan palos de ciego, Arrinconados miran al cielo convocando a los obispos, a ver si en el más allá saben algo.

Toda esta comedia de equivocaciones cuesta vidas y pérdida cuantiosa de ingresos al país, por los errores constitucionales en los que naufraga la institucionalidad.

Los concesionarios cambiaron en secreto los estudios de impacto ambiental El Ministerio de Transportes en algún momento accedió a la farsa de reconocer como vía nacional el corredor impuesto, que incumple normas mínimas.

Si se aplicara la legislación de los EEUU. Fuerabamba sería dueña del subsuelo. Tendríamos 200 nuevos millonarios. En todo caso a cien soles el m2 no está nada caro para 2600 millones de dólares anuales.

Aquí todo seguirá de cabeza mientras el Estado no sea redefinido como representante del bien común y el interés general de la nación.

¿Medidas de fuerza legítimas en el marco del ejercicio del derecho a la protesta o delito de extorsión?

 Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal


24 de marzo, 2019.- Líderes de la comunidad campesina de Fuerabamba, provincia de Cotabambas en Apurímac, sobre cuyo territorio se ejecuta el proyecto minero Las Bambas, han sido detenidos junto con sus abogados, acusados de la comisión del delito de extorsión y criminalidad organizada. Esto ocurre como consecuencia del cierre de una carretera por parte de esta comunidad, con la finalidad de reclamar estos el pago de la servidumbre minera, por el paso de dicha carretera en su territorio comunal.

Sobre al particular queremos el área de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal manifestar lo siguiente:

  1. Discrepamos absolutamente de las prácticas de asesoría legal de los abogados detenidos que viene asesorando a la comunidad Fuerabamba. Es evidente que más que la defensa de sus derechos de las comunidades campesinas, lo que se busca es un beneficio económico. Asimismo, consideramos que las autoridades del Estado tienen todo la facultad de investigar cualquier indicio de delito, y en caso de encontrar responsabilidad penal, sancionar a sus autores, con todas las garantías del debido proceso.
  2. Ciertamente, toda medida de fuerza y de violencia independientemente de la finalidad que tenga, y de quien la ejerza, es lamentable, pues implica un fracaso de los mecanismos institucionales estatales de solución a los conflictos. Estas medidas de fuerza expresan la incapacidad del Estado para procesar, armonizar y dar solución a los problemas que grupos sociales excluidos. También resulta lamentable que las legítimas protestas sociales sean respondidas por el Gobierno no con políticas públicas inclusivas que concreten y respeten los derechos de las comunidades campesinas, sino con medidas de represión penal, como si la respuesta punitiva solucionaría el problema. La respuesta represiva no soluciona el problema, porque estamos ante un problema esencialmente político y no un problema policial penal de naturaleza delictiva.
  3. El artículo 200 del Código Penal es muy claro: “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida”. (Resaltado nuestro). Tiene que ser “indebida” la ventaja económica para que se configure el delito de extorsión.
  4. En el caso de la comunidad de Fuerabamba el pago de la servidumbre minera no es indebida, sino una obligación legal del Estado que en este caso ha sido incumplida. En efecto, el artículo 7 de Ley No 26505, modificado por el artículo único de la Ley No 26570, es muy claro, “La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley. En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos, según valorización que incluya compensación por el eventual perjuicio”. (Subrayado nuestro).

En síntesis, el delito de extorsión implica ejercer violencia o coerción contra una persona para obtener un resultado ilegal, ilegítimo, al cual no se tiene derecho. En el presente caso el Estado no ha cumplido con pagar la servidumbre minera por la carretera nacional en el territorio de la comunidad.

el delito de extorsión implica ejercer violencia o coerción (…) para obtener un resultado ilegal, ilegítimo, al cual no se tiene derecho. En el presente caso el Estado no ha cumplido con pagar la servidumbre minera por la carretera nacional en el territorio de la comunidad.

  1. De acuerdo con el artículo 20.8 del Código penal, “Está exento de responsabilidad penal […] El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. En otras palabras, no comete delito el que obra de acuerdo a ley o quien ejerce derechos, más aún si son derechos de rango constitucional. En este caso, la comunidad Fuerabamba está exigiendo beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio. Independientemente de lo desmesurado que a algunos les pueda parecer el monto solicitado, están exigiendo el cumplimiento del artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, y de la Décima disposición complementaria, transitoria y final del Reglamento de la Ley de consulta, aprobado por DS 001-2012-MC, que reconocen que los pueblos indígenas “deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades”.
  2. Exigir el cumplimiento de derechos a través de medidas de fuerza, como el cierre de una carretera, no puede significar la comisión del delito de extorsión, sino el ejercicio del derecho a la protesta, el cual tiene cobertura constitucional en derechos constitucionales, tales como el derecho a la libertad de opinión (art. 2.4 de la CP), la libertad de reunión (art. 2.12 de la CP), el derecho de petición (art. 2.20 de la CP), el derecho a la participación política (2.17 de la CP), entre otros.
  3. Cuando las comunidades campesinas recurren a medidas de fuerza como el cierre de una vía pública, no lo hacen con la finalidad de extorsionar (obtener una ventaja indebida), sino con el objetivo de llamar la atención del Estado, de la prensa y de la opinión pública sobre la violación de sus derechos, toda vez que las autoridades competentes no atienden sus demanda, la prensa les da la espalda, y estos grupos sociales no cuentan con dinero y con contactos para hacer lobby ante las autoridades del Estado. Esta tesis ha sido adoptada por el Poder Judicial en el caso del Baguazo.

En aquella oportunidad, la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas sostuvo en su sentencia, que si bien tomar la carretera Fernando Belaunde Terry, podría tipificarse como delito, ello no era tal pues las comunidades nativas Awajun y Wampis, estaban “defendiendo” su territorio, frente a normas aprobadas por el Gobierno de forma inconsulta, que tenían como objetivo despojarlos de sus territorios ancestrales. Luego de una ponderación la mencionada sala reconoció que estaba justificada dicha toma pues se trataban de medidas de fuerza “legítimas”.

  1. Sostener que toda medida de toda medida de fuerza es delito de extorsión, sin analizar la finalidad “indebida” que exige el artículo 200 del Código Penal para que se configure el tipo penal, equivale a decir que toda acción de presión cometida por un sindicato o por trabajadores en un contexto de huelga, implica la comisión del delito de extorsión, lo cual no tiene el menor fundamento jurídico o constitucional.
  2. El Estado peruano, no solo no ha cumplido con pagar servidumbre minera a la comunidad de Fuerabamba. El Estado viene incumpliendo otras obligaciones legales para con la comunidad campesina de Fuerabamba:
  3. a) El MINEM no ha realizado proceso de consulta previa de los permisos de exploración y explotación del proyecto minero Las Bambas, como lo ordena la Ley No 29785 y el artículo 3.i del D.S. No 001-2012-MC;
  4. b) El MTC no ha realizado proceso de consulta previa de la decisión de convertir en carretera nacional el camino que atraviesa la comunidad Fuerabamba, como lo ordena la Ley No 29785 y el D.S. No 001-2012-MC; y
  5. c) La empresa minera MMG no ha cumplido con indemnizar y compensar a las comunidades por la contaminación ambiental originada por el paso de camiones en cumplimiento del artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, que precisa el derecho de los pueblos indígenas a “percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
  6. El Estado peruano viene impulsando medidas que promueven la criminalización de las protestas sociales, en clara violación de la Constitución, la cual se evidencia en lo siguiente:
  7. a) Decreta Estados de emergencia “preventivos” sin acreditar grave afectación al orden interno, como lo exige el artículo 137 de la Constitución, suspendiendo derechos constitucionales de cientos de ciudadanos de forma inconstitucional, como son los derechos constitucionales fundamentales a la libertad personal, libertad ambulatoria, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión;
  8. b) Celebra convenios entre empresas mineras y la policía de forma inconstitucional, pues según el artículo 170 de la misma Constitución, los fondos asignados a la policía “deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley”. Este tipo de convenios, además de generar graves conflictos de intereses, resulta incompatibles con el principio de imparcialidad en la prestación de los servicios públicos; y
  9. c) Tipifica delitos en el Código Penal (extorsión en el art. 200, disturbios en el art. 315 y entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos en el art. 283), que criminalizan la protesta, al no diferenciar entre medidas de fuerza legítimas en contexto de protesta social, con actos de vandalismo, violencia y saqueo que deben ser sancionados.
  10. Finalmente, la resolución del Juez de Cotabambas que decreta la detención preliminar de los líderes campesinos de la comunidad Fuerabamba, tienen un vicio de inconvencionalidad, pues desconoce el artículo 10.2 del Convenio 169 de la OIT, el cual ordena a los jueces en caso de procesar a miembros de pueblos indígenas, preferir penas alternativas a la pena privativa de libertad, debiendo los jueces motivar cuando se apartan de este mandato, cosa que no se ha hecho en la resolución mencionada.

Un conflicto que demuestra que el Estado no aprendió de los baguazos

 Elmer Antonio Torrejón Pizarro
 Antropólogo amazonense


El proyecto minero Las Bambas, está ubicada a más de 4,000 m.s.n.m., entre las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac, a 72 km al suroeste de la ciudad de Cusco. Las Bambas tiene una capacidad instalada de 145,000 toneladas por día, produciendo principalmente cobre y molibdeno; y durante el 2017, la producción superó las 450,000 toneladas de cobre. El año 2018 el proyecto tuvo 1,900 empleos directos y 7,000 indirectos.

A octubre del 2018, la cartera de proyectos mineros en el Perú ascendía a más de 59 mil millones de dólares, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y la minería tiene un peso aproximado del 10% en el Producto Bruto Interno. Los proyectos de cobre tienen una participación de 71%, seguido por el oro y la producción de hierro.

Según el MEM, la mayoría de cartera de proyectos mineros, actualmente se sitúan en la Macro Región Sur (Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ica y Ayacucho), con un 64% del total nacional, indicando de esa manera que esta parte del Perú, se ha convertido en el principal espacio para la actividad minera. Correspondiente a esta realidad, los departamentos del sur están expuestos a mayor conflictividad socioambiental que demanda mejorar los instrumentos de diálogo y construcción de escenarios de desarrollo sostenible. Si en años anteriores la inversión minera se focalizaba en departamentos del norte peruano como Cajamarca o Ancash, hoy el mayor dinamismo de la inversión minera se ha trasladado al sur peruano.

Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Apurímac se puede convertir en corto plazo, en un potencial espacio minero, ya que en dicha región se encuentran ubicados los proyectos Hierro Apurímac, Los Chancas, Huaquira, Cotabambas, Trapiche y Anubi, que implicarán una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Solo con el proyecto Las Bambas (Apurímac), el año 2016 se tuvo una inversión de 10,000 millones de dólares.

A marzo del 2018 según el MEM, el departamento de Cajamarca, concentraba el mayor monto de inversión en construcción de proyectos mineros con 16,209 millones de dólares (27.7% del total) y 6 proyectos; y en segundo lugar se encontraba Apurímac, con 11,353 millones de dólares y 7 proyectos en cartera, representando el 19.4% del monto global de inversiones.

Hasta hace unos pocos años, la minería en Apurímac ha sido poco relevante, y por ende no ha existido una organización previa. Hoy no es así, es muy diferente y que irá transformando drásticamente el actual panorama económico y socioambiental de Apurímac y todo el sur. Esta situación conllevará a estos departamentos, tener nuevos y diversos escenarios relacionados con los límites de territorialidad, medio ambiente, organización comunal, mega yacimientos en desarrollo, operaciones productivas en conexión, infraestructuras viales que trascienden territorios regionales y diseñan corredores mineros, presencia de grandes consorcios mineros de talla mundial, conflictividad social, etc.

El sur peruano se ha convertido en un área atractiva para la inversión minera, pero a la vez en un espacio de conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2017, se ha registrado un total de 256 conflictos sociales a nivel nacional y los departamentos con mayor número de conflictos sociales fueron Ancash con 30 conflictos, Apurímac con 27, Puno con 20, Cusco 19 y Piura 18. La mayoría de estos conflictos sociales registrados fue de tipo socioambiental con el 66,4%; de estos conflictos, el 63.1% estaban relacionados con la actividad minera.

Según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2017, se ha registrado un total de 256 conflictos sociales a nivel nacional y los departamentos con mayor número de conflictos sociales fueron Ancash con 30 conflictos, Apurímac con 27, Puno con 20, Cusco 19 y Piura 18.

 

Como se registra, es en los departamentos del sur donde se encuentran la mayoría de conflictos sociales, destacándose los conflictos existentes en Tía María (Arequipa), Majes Siguas II (Apurímac y Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y el aeropuerto de Chinchero (Cusco) que concentran grandes inversiones cuyas ejecuciones permanecen en vilo entre mesas de negociación y fricciones con la población.

Esta conflictividad se acentúa, si es que analizamos la problemática social en los departamentos del sur. Así por ejemplo, para el año 2017 las tasas de desnutrición en Huancavelica y Apurímac entre sus niños menores de 5 años eran las más altas del país, con el 34.54% y 24.39%, respectivamente. Apurímac, con actual crecimiento en actividad minera, con crecimiento en conflictividad como en Las Bambas; es uno de los departamentos con los más altos índices de desnutrición infantil. Ahí la complejidad de la problemática actual.

Es por eso la importancia de tener una intervención estratégica y articuladora para disminuir los índices de desnutrición, una estrategia que involucre directamente (junto al Estado) a las empresas mineras que intervienen y van a intervenir en territorios como Huancavelica, Apurímac, Ayacucho o Cusco donde la prevalencia de la desnutrición infantil todavía sigue siendo alta.

En lo que respecta a la pobreza, el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 del INEI, muestra que, de las 71 provincias de los departamentos del sur, 13 de estas provincias están por encima del 60% de pobreza monetaria, ubicándose la mayoría en los departamentos de Ayacucho y Apurímac.

Existen 28 provincias ubicadas entre el 40% y 59.9% de pobreza monetaria ubicadas en su mayoría en Puno, Cusco Huancavelica y Apurímac, espacios donde se encuentran la mayor cartera de inversiones mineras en el sur. Entre los años 2013 y 2016, los departamentos de Huancavelica y Apurímac siempre han estado ubicado entre los departamentos más pobres del país, junto a departamentos como Cajamarca, Ayacucho o Amazonas.

Según datos del Ministerio de Educación para el 2016, es desconcertante observar que en Puno, Huancavelica y Apurímac existe un alto índice de estudiantes de segundo de secundaria que no lograron los aprendizajes necesarios en materia de Historia, Geografía y Economía para poder acceder al siguiente nivel con indicadores altos de 33,4%, 40,7% y 39,2%, respectivamente. En lo concerniente del acceso al agua potable, al 2015 el INEI mostraba que el promedio de acceso de las personas a nivel nacional era de 63,6%, y si nos circunscribimos en el sur peruano, por debajo de ese promedio de personas que acceden al agua potable están departamentos como Cusco con el 55,5%, seguido por Ayacucho con 47,4%, Puno con 28,4%, Apurímac con 27,5% y Huancavelica con 18,8%. En estos dos últimos departamentos, están las mayores inversiones mineras.

Sin duda, para entender el conflicto actual de Las Bambas, es necesario entender la realidad de los departamentos del sur. Estos departamentos necesitan de la intervención articulada del Estado y la empresa privada, para ampliar la cobertura de agua potable, servicios educativos, infraestructura social básica, seguridad alimentaria y salud, etc; sobre todo en Apurímac y Huancavelica, dos territorios dónde viene creciendo exponencialmente la actividad minera. Recordemos que la conflictividad social en torno a la minería está relacionada con el uso y acceso al agua, por ende, poblaciones rurales del sur peruano no pueden caer en la paradoja de acceso del agua para las grandes empresas mineras en territorios de poblaciones que ni siquiera sus hogares cuentan con acceso al agua potable.

En el caso de Las Bambas, la conflictividad se ha circunscrito a una carretera, como principal exigencia de demanda de los comuneros. Es incomprensible que, en nuestro país, dentro de un distrito o comunidad exista una adecuada conexión vial hacia un proyecto minero, contrario a las vías de comunicación que conectan a estos pueblos o comunidades, que en su mayoría son paupérrimas.

Finalizamos mencionando que para asegurar una actividad minera viable, aceptable y sostenible es necesario primero conocer la realidad de los pueblos y comunidades donde se desarrollan estos proyectos, toda vez que las exigencias y demandas de estas comunidades, son históricas y a la vez incumplidas y/o olvidadas; y que recién se conocen en el Perú Oficial, en el Perú Centralista, cuando se descubre la riqueza minera y/o de hidrocarburos de estas comunidades, y desde Lima se elucubran grandes inversiones, sin siquiera consultar con los verdaderos dueños históricos de estos territorios. Esta es una agenda pendiente para la nueva política en el Perú, para evitar así futuros baguazos.

Las Bambas o la institucionalidad hecha polvo*

Verónica Mendoza
Lideresa de Nuevo Perú.


¿Te imaginas que de pronto empiezan a circular por la calle de tu barrio, frente a tu casa, 300 camiones de gran tonelaje todos los días levantando polvo, ruido y haciendo temblar la tierra? Nadie te consultó al respecto. Nadie te dice si se va a asfaltar la calle algún día. ¿Te imaginas que declaran en estado de emergencia tu calle y llegan militares y policías para que nadie se atreva a exigir explicaciones? ¿Te imaginas que cuando se organizan en tu barrio y salen a la calle para reclamar por el abuso y hacerse escuchar por las autoridades, te dicen que eso es ilegal, detienen a algunos vecinos y disparan a otros?

Pues, salvando las distancias, eso es lo que ocurre en el famoso “corredor minero” del Sur. Estamos hablando de más de 70 comunidades campesinas y cerca de 150 centros poblados atravesados por una carretera de cerca de 400 km por la que pasan a diario entre 250 y 300 camiones cargados de minerales levantando polvo, ruido y haciendo temblar la tierra. ¿Cómo es posible que un proyecto minero de talla mundial y en pleno siglo XXI se dé en estas condiciones? Pues porque las reglas de juego de la minería en nuestro país están hechas para favorecer los negociazos de las mineras sin importar lo que pasa con la gente, los trabajadores ni el medio ambiente. Aún así, muchas de esas reglas de juego deficientes ni siquiera se cumplen pues Estado y empresa minera se coluden para sacarles la vuelta.

Recordemos que el compromiso original de la minera era que se haría un mineroducto, un tubo por el que pasaría el mineral, y una carretera complementaria -que la empresa debía asfaltar- para las maquinarias y suministros. Pero de la noche a la mañana, en el 2014, al hacerse una venta entre transnacionales mineras, se anuló el ducto y se decidió que todo pasaría por carretera y en camiones. NO se hizo estudio de impacto ambiental de esta carretera, no se evaluó el impacto del polvo, el ruido ni las vibraciones. No se hizo un proceso ordenado para comprar los terrenos de la gente o expropiarlos (con el correspondiente justiprecio de ser el caso) sino que la empresa negoció con algunas comunidades según su criterio y la capacidad de negociación de cada una de las comunidades, generando situaciones de desigualdad entre éstas. ¿Y la consulta previa? Pues no les dio la gana de implementarla. Prefirieron criminalizar a los dirigentes y declarar la zona en estado de emergencia permanente y de manera “preventiva”, lo cual es absolutamente inconstitucional. Reprimieron y mataron. Esas muertes siguen hasta hoy en la impunidad. ¿Por qué no empezamos por investigar y sancionar todos estos atropellos a la ley y a la Constitución por parte del propio Estado y la empresa? Si hay algún intento de extorsión o actos violentos de gente vinculada a las comunidades, pues que se investigue y se sancione, pero pongamos las cosas en su sitio. ¿Qué autoridad puede ejercer un Estado que vulnera sus propias leyes y se arrodilla ante los intereses de la gran minería?

Ese es el problema de fondo que los titulares sensacionalistas de algunos medios opacan: nuestro Estado abandonó su responsabilidad de ordenar el territorio, planificar, mediar en el diálogo, consultar, hacer las evaluaciones ambientales para cuidar el aire, el agua y la calidad de vida de la gente. Se “lavó las manos” y dejó que “la mano invisible del mercado” lo resolviera todo, es decir “la mano” de las mineras. No tuvo reparos ni remordimientos, porque, en el fondo, el “Perú oficial” aún hoy en pleno siglo XXI ve los Andes y la Amazonía como terreno eriazo que espera ser conquistado… ¿Y la gente? Son solo “revoltosos”, “enemigos del desarrollo”, “ciudadanos de segunda categoría”, en el mejor de los casos.

La crisis no se va a resolver criminalizando a los dirigentes ni repartiendo unos cuantos millones. Necesitamos cambios de fondo en las reglas de juego de la minería, necesitamos un Estado que esté presente y activo en todo el territorio no solo para allanarle el camino a las inversiones sino para construir desarrollo sostenible garantizando salud, educación, diversificación de la producción (agro, pesca, turismo, etc.); garantizando los derechos de todas las partes: comuneros, mineros, inversionistas, y, en particular, de los más vulnerables; promoviendo transparencia, participación, diálogo y consulta en las decisiones sobre el uso de los territorios y bienes comunes; garantizando que no se contamine las fuentes de agua, que la gente no respire ni coma polvo…

No, no es una utopía, es lo justo y trabajaremos para lograrlo.


*Originalmente publicado en La Mula

Un redoble algo frívolo por Fuerabamba

Diego Abanto D.
Estudiante de Filosofía


Cuando uno lee Redoble por Rancas de Manuel Scorza encuentra retratado en sus personajes el mal impune del Perú; la injusticia. Publicada en 1972, la ficción nace a partir del conflicto ocurrido en la década del cincuenta entre la Cerro de Pasco Corporation y las comunidades de Rancas. No hay novela más peruana, en ese aspecto, que Redoble por Rancas, no hay cronista que mejor retrate dicha situación que Scorza.

Y si más de 40 años después, aún podemos encontrar paralelos en el trato que aún reciben las comunidades que protestan frente a las injusticias de las empresas mineras por parte del Estado peruano, no hemos avanzado mucho como país.

El conflicto en las Bambas sin duda vuelve a poner sobre el tapete una duda existencial; ¿cuán limeño es el Estado? Porque de nuevo nuestras instituciones, nuestra prensa, nuestros políticos parecen olvidar que la descentralización existe en nuestro país.  Grave error por ejemplo ha sido  que el diálogo se haya dado en Lima, para empezar. ¿Era mucho pedir que los ministros se desplacen hasta Fuerabamba? ¿Era mucho pedir que la Conferencia Episcopal interceda fuera de Lima y no solo desde sus oficinas? Si bien se puede pensar que estos son solo detalles que matizan una realidad, son en realidad los que le quitan la careta a este falso diálogo.

Desde el inicio, se ha entablado una actitud de defensa a la minera por parte de los congresistas, los principales medios, y el propio Gobierno. Desde el inicio, se ha criminalizado las medidas de protesta adoptadas por los comuneros, como si ya no vinieran cuatro años protestando por lo mismo sin recibir más que estados de emergencia y la espalda del Estado. ¿Se pueden dar diálogos en las condiciones en las que se dieron? Con el líder de la comunidad de Fuerabamba, empujado por la prensa, de la cárcel a la mesa. Con una prensa que asediaba a los comuneros para hacerles decir lo que ellos querían escuchar y continuar con su narrativa alternativa (como lo que viene ocurriendo con Perú21).

En todo caso, lo que nos queda claro es que todavía existe esta errada idea desde Lima que cualquier medida de protesta es ya un acto de rebeldía contra el Estado, contra la autoridad, como lo evidencia el Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quién no ha poco, refiriéndose al diálogo entablado entre el Estado y las comunidades, comentó que el Estado no puede ceder a chantajes, en referencia a las carreteras tomadas y a otras medidas tomadas por los comuneros. Cabe preguntarnos si estos extremos no han sido la única razón por la cual el Gobierno ha decidido dialogar con los comuneros. ¿O es que Salaverry o alguien racional enserio piensa que si las comunidades enviaban una carta a Palacio iban a dialogar? Aún así, se sentaron a dialogar teniendo como intermediarios a los miembros de la Conferencia Episcopal, porque de nuevo, la religión católica tiene que llenar los vacíos que el Estado se rehúsa a ver. Se habló de progreso, se habló de encuentros, de puntos en los que coincidían pero no se veían acuerdos.

Hasta que el sábado 06 de abril salió humo blanco de la Conferencia Episcopal, se había firmado un acuerdo. A nadie le importó entonces que las comunidades todavía tenían reclamos, lo único que importaba era que estaban accediendo a liberar la carretera de Yavi Yavi. La prensa lo reportó como si fuera un alivio, como si mágicamente el conflicto se hubiera acabado. A nadie le importó entonces que Rojas anunció que todavía se tenían que aprobar estas medidas por las comunidades que estaban levantadas, es decir todavía no se había aceptado el acuerdo. Fue un detalle, una nota al pie que nadie escuchó en ese instante, sino después, cuando todos los flashes ya se habían apagado y Del Solar había desaparecido de la escena junto con el resto de connotados funcionarios del Estado. Y por ello, al día siguiente, empezó otra campaña de la prensa, presentar a Rojas como un traidor, como alguien que estaba faltando a su palabra, que las comunidades no respetaban ni siquiera un acuerdo, qué cómo era posible que esto se pudiera dar, que era una falta de respeto al Estado. En otras palabras, se estaban sembrando las semillas para ahondar la crisis, para justificar las medidas que se pudieran tomar contra la comunidad.

El jueves 11, de cumplirse lo acordado el sábado, Salvador del Solar irá a Challhuahuacho en representación del Estado junto a tres ministros para reunirse en una asamblea con las comunidades. El jueves, por primera vez, podríamos decir que puede comenzar el diálogo. Pero en un país acostumbrado al silencio, esto puede significar represión. El Estado aún no se acostumbra a que sus ciudadanos no sean serviles, que protesten ante lo que consideran injusto. 

Hoy ya no es sólo Fuerabamba la que ha alzado su voz de protesta, hoy gritan más a su lado. No necesariamente todos luchan por Fuerabamba, pero coinciden en que el Estado les ha fallado (otra vez). Quizá aquí radica el principal problema al que se va a enfrentar el gabinete Del Solar, ver juntas a distintas comunidades con su respectivo pliego de reclamos. Y también el principal problema al que se enfrentarán las comunidades, ya consiguieron que el Estado y gran parte del país los escuche, es tiempo de ver si se unificarán en un solo bloque o seguirán luchando por sus intereses particulares. Así, pese a lo que digan los medios o los funcionarios del Estado, el conflicto está lejos de acabarse.

En todo caso, como horriblemente ha señalado el congresista Clemente Flores en un programa de televisión, existen dos caminos para resolver el conflicto; el diálogo o la fuerza. En la obra no tan ficcional de Scorza, la fuerza la llevó a cabo Guillermo el Cumplidor con su orden de desalojo a la comunidad de Rancas tras el fracaso del “diálogo”, que  consistió en avisarles que tenían diez minutos para desalojar. Por el bien de todos, tenemos que apostar por ese diálogo que tanto fracasa en un país acostumbrado más a encontrar las diferencias que las coincidencias, para que ni los que observamos el conflicto desde lejos, ni los comuneros tengan que escuchar un redoble acercarse hacia ellos. Tan cerca del bicentenario, el país no necesita que a Bagua, Conga o Rancas se añada Fuerabamba. 

Una lección de la comunidad de Fuerabamba

Rodrigo Montoya Rojas
Antropólogo


(Crónica 2, abril 2, 2019)

Uno. El último episodio de la mina de Bambas tuvo al ministro del interior como protagonista real, escudado en una Fiscalía y en un Juzgado. Sacó de la manga una gravísima acusación: “El Presidente de la Comunidad de Fuerabamba y sus abogados asesores son miembros de una banda para delinquir”. Dijo son, no serían y -seguro de sí mismo- anunció que tenía las pruebas. Ofreció a los medios de prensa unos audios, que fueron una primicia. Su “servicio de inteligencia” puso en bandeja del gobierno una acusación que sacaría del escenario al presidente Gregorio Rojas y sus abogados, y obligaría a que la Comunidad elija nuevos dirigentes proclives a entenderse bien con la empresa MGM.

Con la seguridad de que no necesitarían dialogar más con el alcalde, lo apresaron en Lima, a donde había llegado a conversar con funcionarios del gobierno. Lo apresaron junto con sus abogados, y también al vicepresidente de la Comunidad. Para redondear la faena, el gobierno y suspendió las garantías en Fuerabamba. Según ese cálculo, el paro de 50 días sería levantado y el gobierno podría detener su caída en las encuestas.

Dos. Los periodistas, en su mayoría defensores calificados de la empresa no dijeron nada sobre la rapidez de la actuación del gobierno a través de su ministro del interior y su flamante primer ministro, y de la Fiscalía y el Juzgado que sentenció sin juicio alguno al Gregorio Rojas como miembro de una banda para delinquir.

Tres. El ministro del interior y sus funcionarios no tuvieron la inteligencia necesaria para enterarse de lo que es una comunidad campesina, en general, y la de Fuerabamba, en particular. Entre tanto, los burócratas del gobierno, y los periodistas del pensamiento único pro-crecimiento, siguen convencidos que los dirigentes, incluidos los campesinos, hacen lo que quieren porque no los controla nadie, y que el éxito logrado contra las mafias formadas para delinquir y lavar activos en los predios judiciales y políticos del norte sería el mismo en Fuerabamba y las comunidades apurimeñas y cusqueñas. Como nadie pudo impedir que la señora Keiko vaya a la cárcel, la Comunidad de Fuerabamba quedaría descabezada y así le iría mejor a la empresa y al gobierno. ¿Que otro podría haber sido el cálculo político del gobierno?

Cuatro. El paso siguiente fue enviar a tres ministros con el encargo encontrar una nueva pareja para el baile del diálogo entre algunos alcaldes y autoridades comunales y reemplazar a don Gregorio Rojas.

Entre tanto, los burócratas del gobierno, y los periodistas del pensamiento único pro-crecimiento, siguen convencidos que los dirigentes, incluidos los campesinos, hacen lo que quieren porque no los controla nadie. 

La respuesta de la comunidad fue muy sencilla: 1. Para reiniciar el diálogo liberen a Gregorio Rojas, al vicepresidente y a los abogados. Los comuneros no tienen posibilidad alguna de encarcelar diez días a algún ministro. Sirva esta atrevida comparación para tener en cuenta que no se trata de un diálogo entre iguales, y 2. Yáyanse señores ministros, no los queremos aquí. Unas piedras a los helicópteros, habrían sido signos de una mala educación, incomparable con las balas de la policía que hace tres años mataron a tres campesinos en la misma zona de conflicto, y que en cualquier momento podrían repetir y multiplicar el número de muertos, dada la probada capacidad que la guardia civil tiene para matar cuando recibe la orden de hacerlo. Hoy, 2 de abril, continúa la búsqueda de interlocutores.

Cinco. ¡Qué maravilla! frente al contundente rechazo comunal, El juzgado dejó de considerar a Gregorio Rojas como “miembro de una banda para delinquir” y lo liberó. También dejó libre al vicepresidente Edison Vargas. No sabemos por qué: o su detención fue un acto de abuso policial, de uno más entre miles de abusos acumulados; o fue conveniente liberarlo para favorecer políticamente al gobierno. (Estaría en reserva un futuro castigo para él cuando las aguas revueltas tengan un remanso de calma).

Seis. Frente a la hipocresía estructural del Estado peruano (sí pero no, no pero sí, diálogo y cárcel para el interlocutor al mismo tiempo), la comunidad de Fuerabamba actuó con la fuerza de su institución comunal que tiene casi cinco siglos de existencia desde 1569 y un pasado más lejano en tiempos preincas. Más allá de las diferencias reales que existen entre las unidades domésticas de las familias de comuneros, el interés común de la comunidad es defendido por todos. La tierra es el bien mayor, la lengua, la cultura, la espiritualidad que expresa la unidad profunda entre los seres humanos y la naturaleza de la que somos parte. La Pachamama, tierra madre, es madre porque sin ella no estaríamos de pie en el mundo y no podríamos vivir. Agua y tierra, son las fuentes de la vida de todos los runas-seres humanos. Esta institución comunal ha resistido muchas embestidas hasta ahora. Las haciendas que nacieron en la segunda mitad del siglo XVI, al mismo tiempo que las comunidades, cayeron y desaparecieron como consecuencia de las tomas de tierras y las reformas agrarias. Hoy, se reconstituyen en la costa y la Amazonía con grandes latifundios, muy diferentes a los de antes.

Siete. La prensa mayoritaria -adicta a la empresa y al gobierno en menor medida- no dijo una palabra sobre la vergüenza del gobierno que tuvo que comerse un enorme sapo al liberar a los dirigentes comunales. Tampoco el gobierno fue capaz de reconocer sus errores y pedir disculpas a las autoridades comunales. Desde que Pizarro ocupa el palacio presidencial en Lima, pedir disculpas a indígenas y campesinos no figura en protocolo alguno de buenos modales gubernamentales.

Ocho. La prensa mayoritaria sopló a los 4 vientos la noticia de la disposición al diálogo por parte del gobierno y la empresa MGM, cuyo aviso pagado a página entera en periódicos de Lima y reproducidos en la radio y TV, proclamó lo mismo, además de halagar su aparente inocencia en este problema de las comunidades con el Estado. Como de costumbre, la Iglesia mostró su disposición a mediar en el conflicto y la prensa tuvo un titular oportuno. La prensa, la empresa, la iglesia y el gobierno no dijeron una palabra sobre quién rompió el diálogo, por qué y para qué. Estos actores tratan de protegerse debajo de un paraguas: el diálogo. Palabra dulce, que nadie rechaza, pero que está cargada de buenas y malas intenciones, de esas que en la ficción cristiana conducen a los cielos y a los infiernos.

Nueve. En espera de nuevos acontecimientos, es pertinente anunciar a quienes leen estas crónicas, algunos temas que serán tratados como: comunidades altoandinas: vivir a cuatro mil metros de altura; lo viejo y lo nuevo; comuneros ricos (apus) y pobres (wakchas); capitalismo y comunidades, Apus y Jesucristo; Pachama y la Virgen María; iglesias protestantes frente a la iglesia católica; dinero, individualismo, “comuneros emprendedores”; “los que usan celulares no son indígenas”; consulta previa y derechos; minas y envenenamiento de las cuencas de donde nacen todos los ríos que van al pacífico y al Amazonas?; defensa del agua y de la vida, etc.


* Este artículo fue publicado en Lamula.pe.

Caso Las Bambas

Alfredo Churata
Estudiante de Derecho


La comunidad de Fuerabamba es hoy centro de noticia nacional, preciso hoy, porque a pesar de que el conflicto va por su quinto año al parecer recién el gobierno se dio cuenta de la situación en la que está.

Se habló mucho de este conflicto hasta ahora, pero trataré de resumir todo en pocas palabras. Básicamente el problema se germina en base al derecho a la propiedad. La comunidad de Fuerabamba tuvo un contrato con la minera Xstrata donde se quedó en que la comunidad vendía sus terrenos a la minera a cambio de tres cosas: la construcción de otro pueblo para la comunidad (Nueva Fuerabamaba), dinero en efectivo y la empresa compró 4 fundos para la comunidad, en estos territorios la comunidad podía hacer lo que les plazca, pues bien, dentro de estos 4 fundos se encuentra el fundo de Yavi Yavi que está a 100 kilómetros de la comunidad y se encuentra en Cuzco. El Estado peruano en el 2018 nombra vía nacional a una carretera que pasaba por el fundo de Yavi Yavi, es decir una carretera que pasaba por la propiedad de la comunidad. Diariamente pasan más de 300 camiones llenos de cobre lo que genera una polvareda y vibración abrumantes para las comunidades aledañas a esta carretera.

Ahora bien, la comunidad de Fuerabamaba pide que se le pague por el uso de esta carretera que pasa por su propiedad, ellos no están en contra de la mina ni mucho menos, simplemente exigen que se respete su derecho a la propiedad. Por otro lado, otras comunidades se unieron a la protesta ya que la actividad minera les afecta, entonces ellos sí están, en parte, en contra de la mina. Obviamente he omitido muchos sucesos importantes dentro de mi explicación porque no es fin de este artículo explicar los sucesos del conflicto.

Una situación que me llamó la atención fue que los medios de comunicación televisivos pasaban en todas sus noticias, vídeos e imágenes de enfrentamientos entre la policía y la comunidad. Todos sus reportajes repetían las mismas imágenes donde los comuneros desde el cerro luchan, gritan y corren, ojo solo salen los comuneros y no los policías. Sin embargo, todas estas imágenes y videos que se tienen son del 2015 y salieron en el reportaje del programa Panorama, es curioso que todos los medios de comunicación utilicen ahora estas imágenes para hacer sus informes, cuál será la razón me pregunto yo ¿Convencer a la gente en sus casas que la situación en Fuerabamba está muy violenta y así generar que los ciudadanos se pongan en contra de la comunidad? O ¿Tal vez no tuvieron tiempo ni presupuesto para ir de nuevo y grabar? Sí eso debe ser, por qué dudar de la televisión si siempre dice la “verdad”.

La comunidad de Fuerabamba está desconociendo la autoridad del estado, esto se materializa en el suceso ya famoso del helicóptero casi destruido por una piedra. Con respecto a este tema me pareció interesante la declaración de un comunero de Fuerabamba a un medio de comunicación, ante la pregunta de ¿por qué no quisieron recibir a las autoridades y conversar? Él dijo: “¿Cómo podemos conversar con quien sea? Así que hubiera venido Vizcarra o quién sea, ¿Por qué nosotros tenemos que conversar?” Claro para cualquier conocedor del Derecho esta declaración no tendría fondo, el Estado tiene la posibilidad de ejercer su poder en su territorio, ya sea por las buenas o coercitivamente. Definitivamente esto no tiene discusión, estamos en un estado de derecho y todos los que hemos nacido en el territorio peruano somos sujetos de derechos así que la norma se aplica y es igual para todo, supuestamente. Ahora bien, tal vez la declaración que voy a ser ahora vaya en contra de la teoría del estado cómo único órgano con la capacidad del control y gobernabilidad de la sociedad, tal vez vaya en contra de lo que es normal políticamente hablando, tal vez me critiquen, tal vez sea hasta ridículo pero bueno, la tengo que hacer.

Si de un concurso de conflictos sociales con relación a los pueblos indígenas se tratara, el estado peruano podría dar cátedras con toda la experiencia que ha tenido y sigue teniendo hasta ahora, sin embargo, creo yo, el Estado no aprende. Sale de un conflicto social con pueblos indígenas para de nuevo entrar en otro. El Perú es un país pluricultural, eso nadie lo puede negar, todos lo saben, pero creo que el Estado aún no es consciente de eso. Las comunidades andinas, en este caso, tienen al igual que un Estado una estructura para su funcionamiento. Gregorio Rojas es el presidente de la comunidad de Fuerabamba, no es un simple líder, la comunidad lo eligió a él para su representación y la toma de decisiones. Asimismo las comunidades andinas aparte de las normas que el Estado obliga a cumplir también tienen sus propias normas para su territorio.

La teoría del estado dice que un estado se conforma por el pueblo, la soberanía y el territorio. La comunidad tiene pueblo, tiene territorio, si bien la soberanía no es idéntica a la del estado de una u otra forma se puede incluir esta y si no se puede al menos tendríamos dos componentes de tres para formar un estado. En ese sentido, ¿Por qué el Estado peruano aun después de toda su experiencia en conflictos con comunidades indígenas no puede aprender que es soberano en un país que es muy diferente en sí? La multiculturalidad hace que seamos diferentes y por ende que pensemos y actuemos de diferente forma. Entonces me pregunto yo, ¿Es viable, aceptable o razonable que yo como estado, sabiendo que mi pueblo es muy diferente entre sí, base mis acciones simplemente en la ley obviando la diferencia cultural? Sí, los ministros llegaron en un helicóptero a la comunidad. Me pregunto cuántas veces en su vida habrán visto un helicóptero, más allá de eso me pregunto ¿cuantas personas podrán entrar a una comunidad andina sin pertenecer a esta? Pues no son muchas. Si de la nada en tu barrio empieza a aterrizar un helicóptero ¿no te vas a perturbar? Sea quien sea que esté yendo ahí, tal vez me dirán, pero es un campo no es un barrio, entonces yo diré ¿Se es consciente de la relación que el hombre andino tiene con su tierra? No, el Estado no es consciente y ni le interesa saber de eso, le interesa que se cumpla su ley, la que él creó. Cuando entendamos cómo el hombre andino quiere a su tierra tal vez podamos entender su actuar, no quiero defender el actuar de los comuneros a lanzar las piedras, definitivamente no fue la manera de reaccionar, pero tampoco puedes llegar a un lugar de esa forma y sin previo aviso y esperar que te reciban con los brazos abiertos. Está bien eres el Estado, pero ese territorio también le pertenece a la comunidad andina, comunidad de la cual no te interesa sus intereses ¿Entonces por qué a esta le debe interesar los tuyos?

La mayoría de comunidades andinas desconoció y aún desconoce la autoridad del estado, pero ¿Es por qué se les da la gana? ¿Cómo reconocer a alguien que no hizo y no hace nada por mí? La mayoría de las comunidades andinas superviven por sí mismas, gracias a su propia economía que aunque pobre, les ayuda a subsistir. Entonces si viene un Estado que me dice que debo cumplir sus normas porque estoy en su territorio a cambio de nada, ¿cómo se quiere que las comunidades reconozcan el poder del estado? Con respecto a Fuerabamba todo lo que tienen no se los dio el Estado sino la empresa minera, ellos no le deben nada a nadie. Si tienen dinero, carros casas o joyas no es importante, pero al parecer a los medios de comunicación les gusta hablar de todo lo que tienen los comuneros, como decir “mira pues todo lo que tienen estos cholos y todavía molestan” Ellos no le robaron a nadie, no tienen que mirarle la cara a nadie, aquí no es importante cuánto dinero tienen es importante cómo el Estado actúa con las comunidades andinas.

En conclusión el Estado peruano debe reconocer que las comunidades indígenas también son autónomas y no porque estén en contra del estado de derecho y simplemente se burlan de él, es así porque el Estado no les da razones para que las comunidades puedan reconocerlo como tal. Si bien el articulo habla del caso de Las Bambas es fin de este criticar la teoría del estado en base a la diferencia sociocultural existente en nuestro país, hasta que el Estado peruano no sea consciente de su propia diferencia seguiremos viendo conflictos como este donde siempre se quiere poner a los protestantes como ignorantes que están en contra del desarrollo económicos del país.

Las Bambas: entre la improvisación técnica y la estigmatización a las comunidades*

Jaime Borda
Periodista y Director de Derechos Humanos sin Frontera DHSF – Cusco


Los recientes hechos suscitados en relación al caso Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba – Yavi Yavi han puesto en evidencia nuevamente la fragilidad de los procesos de diálogo en el país y mucho más en contextos mineros. Varios son los factores que explican ello, pero el más importante es la precaria institucionalidad que tenemos para el manejo y la gestión de los conflictos sociales; solo cuando el conflicto estalla aparecen los funcionarios y expertos nacionales a explicar el problema, sacando conclusiones anticipadas y/o acusando a las poblaciones locales de radicales, manipuladoras y recientemente de extorsionadoras del Estado y la empresa minera.

Los cambios al EIA de Las Bambas y la carretera que pocos conocían.

Lo cierto es que en el caso de Fuerabamba – Yavi Yavi desde un inicio no se hicieron bien las cosas. Se han dado varios cambios, desde el Estado y desde el proyecto minero, que inicialmente pertenecía a la empresa suiza Xstrata, luego absorbida por Glencore, que tuvo que vender el proyecto a la empresa china Minerals and Metals Group (MMG). Desde el año 2013 y 2014 se empiezan a realizar los cambios en el proyecto minero, así se abandono la construcción de un mineroducto ya aprobado, para lo cual se solicitó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin incluir la carretera que se usaría para el transporte del mineral. Para entonces ya se había negociado con buena parte de las comunidades cuyas tierras atravesaría el mineroducto que salia desde las operaciones de la mina Las Bambas en Challhuahuacho (Apurímac) y debía culminar en Espinar (Cusco), donde se iba a procesar el mineral para luego ser trasladado a través de una vía férrea al Puerto de Matarani en Arequipa.

En un reciente comunicado Cooperaccion, explica justamente estos cambios, sobre todo el referido a la construccion de la carretera: “Se planteó entonces la idea de una carretera que tenía tramos locales, regionales, nacionales y otros que eran trochas que debían ser incluidos como partes de la carretera. Según el procedimiento legal establecido, esto suponía tratar con las comunidades la venta de sus tierras y en caso de no haber acuerdo, expropiar. Nada de ello se hizo y se avanzó con las obras correspondientes.” Al tiempo de hacerse estas modificaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue subsanando con resoluciones e informes de la misma empresa la categorización de las vías de paso. 

Luego del estallido del conflicto en octubre del 2016 en Las Bambas el gobierno central se comprometió a asfaltar la vía y a reclasificarla como ruta nacional. En todo ese proceso muchas vías de acceso han pasado de ser caminos privados a vías públicas, y en otros casos como el de Yavi Yavi simplemente se hizo la carretera sin realizar un acuerdo previo con los dueños de las tierras comunales.[1] Y finalmente las comunidades por donde pasa esta vía nunca fueron informados, ni participaron en los cambios del proyecto y de la carretera.

La estigmatización a los dirigentes y a las comunidades

Si el problema es visto solo con un asunto técnico o legal por los cambios y “parches” que iba haciendo el gobierno al proyecto Las Bambas no entenderemos la magnitud del problema. Lamentablemente muchos proyectos promovidos por el gobierno peruano se han hecho sobre la base de la improvisación y la corrupción, y eso lo sabe la población. El tema de fondo es el discurso monocorde desde el gobierno central y de los gremios empresariales que sostiene que “la gran minería es la única actividad económica que se debe realizar en las regiones andinas del país”, por tanto, si hay una mirada distinta o una opinión critica de las poblaciones locales, son estigmatizados como “enemigos del desarrollo”.

En el informe: “Abusos de poder contra defensores y defensoras de los derechos humanos, del territorio y del ambiente” publicado en marzo del 2018[2] que revisa el caso del corredor minero en el sur andino peruano, señala que en muchos países latinoamericanos hay patrones de abuso de poder en estos territorios que se expresan a través del uso de la fuerza física y la violencia por parte del Estado y las empresas mineras hacia la poblaciones locales, de la aprobación de leyes y normas que favorecen a las empresas privadas, y de la estigmatización de los lideres o dirigentes opositores a la actividad minera generando un discurso mediático negativo hacia ellos.

Estos patrones se repiten en el caso de Cusco y Apurímac, y de modo particular en el caso de Las Bambas. El año 2015 y 2016, el enfrentamiento dejo como saldo la muerte de 4 personas y decenas de heridos. Hoy nuevamente se pretende no solo criminalizar a las poblaciones locales, sino ensayar una nueva figura legal de “organización criminal que extorsiona al gobierno central y la empresa minera”. Si bien es cuestionable el accionar de los asesores legales en este caso, y la forma como llevaron el proceso de negociación no se puede decir que toda la comunidad sea una extorsionadora.

Finalmente si el gobierno central quiere resolver este conflicto, no solo debe mirar el caso Fuerabamba – Yavi Yavi, sino los demás casos pendientes en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas y a lo largo del “corredor minero”. Esto implica dejar de implementar estrategias represivas de criminalización y militarización en la zona, e iniciar con un proceso de diálogo genuino en la provincia en el que se revisen los acuerdos de las mesas de dialogo de años pasados. De mantener la estrategia de criminalización, la tensión y el conflicto se va a agudizar y se puede salir de control.  


[1]http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/Libro-Carretera-Las-Bambas.pdf

[2]http://www.aprodeh.org.pe/documentos/publicaciones/desca/Informe_sobre_Extractivismo_y_Derechos_en_la_Region_Andina


*Este artículo fue publicado en NoticiasSER.pe el 27 de marzo del presente año.

¿Podemos aprender de Bagua para solucionar Las Bambas?

Antonio Peña Jumpa
Profesor de la PUCP y UNMSM


Entre marzo y junio de 2009, en la Amazonía del norte del Perú, exactamente en la provincia de Bagua, región de Amazonas, se desarrolló uno de los conflictos socio-culturales más violentos en la historia del país. A 10 años de dicho conflicto, se siguen sucediendo conflictos similares, con las mismas características, aunque a veces poco publicitados o manipulados por grupos económicos de interés. Uno de estos recientes conflictos corresponde a Las Bambas, en la región Andina de Apurimac.

El conflicto de Bagua o Baguazo, como se le conoció posteriormente, significó el choque de dos grupos culturales con sus respectivas familias o tradiciones jurídicas: de un lado, la cultura criolla y su familia o tradición jurídica civil (europea) y, de otro lado, la cultura originaria o local y su familia o tradición jurídica indígena. La primera, representada por los gobernantes del Estado (el Presidente, sus ministros y el Congreso de la República) quienes legislaron particulares normas sobre el mercado y los tratados de libre comercio. La segunda, representada por miles de comunidades nativas y comunidades campesinas que al verse afectados por aquellas normas particulares iniciaron largas protestas ocupando vías públicas para reivindicar sus derechos históricos (como el derecho a su territorio, reconocidos en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales).

Tras más de 60 días previos de protesta, las comunidades locales dirigidas principalmente por la étnica amazónica Awajun fueron desalojadas violentamente por las Fuerzas del Orden.  Estos hechos ocurrieron el 5 de junio, primero en el lugar denominado La Curva del Diablo y, luego, en una estación petrolera en el distrito Puerto Imacita. El resultado fue trágico: decenas de muertos, cientos de heridos y varios desaparecidos tanto en la población local como en las fuerzas del orden.

La incomprensión de los gobernantes sobre el contexto socio-cultural diverso del Perú que se puso en práctica al promulgar aquellas normas sobre libre comercio ajenas a las comunidades locales, dio inicio al conflicto. La persistencia de los mismos gobernantes en creer en dicha legislación y el libre mercado como fuentes del progreso para el país, desencadenó la violencia en el conflicto.

La persistencia de los mismos gobernantes en creer en dicha legislación y el libre mercado como fuentes del progreso para el país, desencadenó la violencia en el conflicto.

 

Han transcurrido 10 años de aquellos sucesos y nuestro aprendizaje sobre el conflicto socio-cultural vivido en Bagua sigue siendo débil. Si bien el gobierno central modificó parte de su normatividad, los grupos económicos de interés han conseguido que dicha normatividad reformada sea interpretada parcialmente o sea modificada nuevamente a su favor. Un ejemplo de esta actitud es la reciente publicación del Decreto Supremo Nro. 345-2018-EF sobre Política Nacional de Competitividad y Productividad, publicado el 31 de diciembre de 2018 sin un debate que incluya a las comunidades nativas y campesinas.

En estas condiciones, recrudecen y aparecen otros conflictos socio-culturales. Uno de los más difundidos recientemente es el conflicto del proyecto minero Las Bambas en la región de Apurimac. Valorizada en más de 10,000 millones de dólares y con una capacidad de producción exportable superior a 2,000 millones de dólares anuales, el proyecto minero Las Bambas tiene en estos momentos la protección de las Fuerzas del Orden y el gobierno central para controlar o someter a las comunidades campesinas adyacentes que reclaman sus derechos. Más allá de los antecedentes sobre el origen y desarrollo de la inversión minera, y de los pagos que habrían recibido familias de las comunidades campesinas afectadas, como la comunidad de Fuerabamba, es importante recordar que el conflicto reside en el choque de dos culturas y dos familias o tradiciones jurídicas.

Es importante recordar que el conflicto reside en el choque de dos culturas y dos familias o tradiciones jurídicas.

 

Cuando el trato o la negociación entre estas dos culturas y tradiciones jurídicas no es transparente y simétrica, no hay acuerdo o cualquier acuerdo es fácil de quebrarse dando paso al conflicto.

De ahí que la experiencia de Bagua nos siga enseñando:

  • Primero, a comprender que estos conflictos confrontan culturas y tradiciones jurídicas, más que temas sociales o económicos.
  • Segundo, que estos conflictos no se resuelven con intervención de las Fuerzas del Orden. La violencia del Estado sobre las comunidades que protestan trae efectos adversos (muertes, heridos, daños), sin resolver el conflicto.
  • Tercero, que el rol del Estado no es el de proteger a un grupo de interés, por más capital o tributo éste pague. En un país como el Perú, el Estado tiene que construir Nación o respetar y desarrollar el conjunto diverso de Naciones pre-existentes.

¿Podremos aplicar estas ideas frente al conflictos de Las Bambas?


* Este artículo fue publicado el 02 de abril del presente año en Servindi.org.

Alta tensión en el conflicto contra Las Bambas

Jaime Antezana Rivera
Investigador social en narcotráfico, terrorismo y conflictos sociales.


5 de abril, 2019.- Cuando se creía que la libertad del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura, generaría sino una distensión global si una disminución relativa del conflicto social entre esta comunidad y la empresa MMG Las Bambas y, a la vez, un interlocutor válido, es decir, con validez legal y legitimidad social, para dialogar con el Ejecutivo y la empresa, los hechos están yendo en una dirección diferente, opuesta.

Cuatro hechos lo indican. Primero, el martes 2 de abril, se produjo un enfrentamiento entre pobladores de esta comunidad con la policía que, según vídeos que discurren por las redes sociales, ocurrió cuando “los policías entraron a la fuerza a resguardar a (la) empresa por la comunidad de Pumamarca haciendo disparos con arma de fuego”. Estos llegaron en cinco buses con, más o menos, 200 efectivos. El enfrentamiento dejo un comunero herido.

Segundo, el paro regional inicialmente convocado por 48 horas, para el 2 y 3 de abril, los organizadores decidieron que el primer día, martes 2, sea de movilización y, el miércoles 3, de paralización. En las siete provincias apurimeñas fue desigual. El 2, hubo movilizaciones en Andahuaylas y Abancay y el 3, paralizaron tres provincias: Abancay, Cotabambas y Grau. Chincheros y Andahuaylas no pararon; solo hubo movilizaciones.

Fue un paro regional parcial. En esa línea, cabe destacar que en Abancay, Cotabambas y Grau el paro fue total o seco. ¿Por qué fue así? Hubo resistencia de diversos sectores para apoyar a Fuerabamba centrado en sus demandas específicas (el pago de servidumbre por el fundo Yavi Yavi) o una mayor sensibilización. Eso paso en Andahuaylas y más en Chincheros y Aymaraes. Resultado: de las siete provincias de la región pararon tres.

Tercero, con la presencia del liberado Gregorio Rojas, el acuerdo que comunidad de Fuerabamba adoptó en la asamblea realizada el martes 2 de abril. ¿Cuál es el acuerdo de esta asamblea comunal? Un dirigentes consultado lo resumió de la siguiente manera: “No hay diálogo hasta ver a los asesores en libertad”. Y agregó: “mañana (el miércoles 3) habrá reunión con las 48 comunidades más 5 distritos”.

Con sus palabras Rojas Paniura lo dio a conocer: “Yo le informé a mi pueblo sobre la reunión, pero ellos me dicen que no se puede llegar a ningún acuerdo en el fundo de Yavi Yavi porque nuestros asesores no están libres”, señaló. Contrario a ese pedido, días después el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotambas, tras dos días de audiencia, les dio 36 meses de prisión preventiva para Frank y Jorge Chavez Sotelo por el delito de extorsión a la empresa MMG.

Y, cuarto, esas dinámicas ocurrieron con el tramo del fundo Yavi Yavi de la vía Apurímac-Cusco-Arequipa bloqueado por los comuneros de Fuerabamba y con posibilidades de ampliarse a otras zonas, a contrapelo de la condición que planteó el Ejecutivo para restablecer el diálogo; el desbloqueo de ese tramo del corredor minero. La situación no ha cambiado post liberación de su principal dirigente. El bloqueo continúa.

El escenario esta signado por dinámicas que aún no se entrelazan.

El escenario esta signado por dinámicas que aún no se entrelazan. El enfrentamiento de los comuneros de Fuerabamba con la policía que dejó varios heridos, el acuerdo comunal que “no habrá diálogo hasta no ver a sus asesores libres” y el paro regional parcial, muestran un escenario donde sigue y continuará el bloqueo del corredor minero en el tramo Yavi Yavi con atisbos de violencia y la expansión del conflicto al ámbito regional.

¿Por qué seguirá el conflicto y bloqueo de la carretera? Si bien hay interlocutor con quien dialogar, sin embargo, la condición que plantea la comunidad es la libertad de sus asesores Frank y Jorge Chávez Sotelo con prisión preventiva por 36 meses por ser parte de una organización criminal que presuntamente extorsionaba a la empresa MMG, es un planteamiento que hará inviable un diálogo fructífero. Habrá diálogo; acuerdos y desbloqueo, ¿no?.

Esa es la posición que Rojas Paniura llevara a la mesa de diálogo convocado para el 6 de abril próximo. Es más, con el empoderamiento de su líder Gregorio Rojas y conscientes de su renovada y potenciada capacidad de presión, es muy difícil que su planteamiento cambie. O sea, en adelante, tras la mesa de diálogo del fin de semana no hay posibilidades para que el diálogo se restablezca. El bloqueo de la carretera con posibles choques con la policía proseguirá.

La condición de los fuerabambinos hace prácticamente imposible la continuación del diálogo con el Ejecutivo y la empresa post 6 de abril próximo. El Ejecutivo no lo aceptara. Más aún, ya fue rechazada. El premier Salvador del Solar ha señalado que no pueden hacer nada porque los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo están siendo investigados por un poder autónomo del Estado. No es posible que ese tema se convierta en un elemento de negociación.

Ergo: esa condición será el principal óbice para el diálogo y la solución del conflicto que lleva más de 50 días. Ese pedido lo dará a conocer al Ejecutivo y los mediadores de este conflicto: la iglesia y la Defensoría del Pueblo. Se configurará, pues, un impasse real para el continuar el dialogo. Y, si es así, como lo expresado Rojas Paniura, no habrá diálogo por tiempo indefinido y continuará el bloqueo del corredor minero.

La situación en Fuerabamba y otras comunidades del distrito de Challhuahuacho es de alta tensión. Y, si el gobierno decide desbloquear la carretera con los cientos de policias y militares que se encuentra protegiendo a la minera, es probable que se produzcan nuevos enfrentamientos con dos altos costos para el país: los costos sociales (heridos y posibles muertos de comunidad y las fuerzas de seguridad) y los costos económicos conocidos. Hay que evitar desbloquear a sangre y fuego.

Por otro lado, ya indesligable de este proceso, la irrupción de los frentes de defensa y otros gremios populares con el paro regional parcial del 3 de abril exigiendo el cumplimiento de una serie de compromisos suscritos con el Ejecutivo y la empresa, el conflicto social ha dejado de estar focalizado en Fuerabamba y se convertido en un conflicto casi de dimensión regional. Ahora los organizadores esperan el pronunciamiento del gobernador regional de Apurímac.

Es una agenda mayor pendiente y sensible para la ciudadanía regional que involucra al Ejecutivo y la empresa. El cumplimiento de los 17 puntos del anexo K del contrato celebrado entre la empresa y el Estado, la entrega del impuesto por la venta de Xtrata Glencore a la empresa MMG, el pago del canon minero postergado para el 2021 y el cumplimiento de los compromisos con Cotabambas firmado por el hoy presidente de la república Martín Vizcarra.

A la exigencia que se cumplan estos compromisos se están sumando otras demandas pendientes: el acta de Andahuaylas de 2017 y otras demandas locales y provinciales. Mientras se amplía la plataforma y esperan la respuesta del Ejecutivo, la empresa y el gobierno regional de Apurímac, están evaluando otra convocatoria a otra medida de fuerza regional: un paro regional. En Andahuaylas, donde no hubo paro, la federación de campesinos prepara el paro.

Entonces, la situación puede tensarse más. Y, ahora, ya no se puede resolver el conflicto dando solución, pese a lo difícil que es, puntual a Fuerabamba y comunidades adyacentes sino se canaliza y atiende las demandas de Cotabambas y demás provincias y los compromisos generales para el desarrollo regional. Esa es una consecuencia del paro regional parcial del 3 de abril. No es posible seguir omitiendolo.

Eso sí, el pedido de libertad de sus asesores de Fuerabamba es casi exclusiva de ellos. Los demás actores se solidarizan con su lucha pero no asumen ese pedido como una condición para dialogar. Lo consideran un problema de esta comunidad. El presidente del frente de defensa de Cotabambas lo expresó así. Los actores provinciales si bien lo incorporaron en la plataforma no fue la principal demanda. Tras la libertad de su dirigente no lo harán por sus asesores.

Hay un desenganche en ese aspecto. Sin embargo, sin que haya necesidad de que esa condición sea asumida, si las protestas (movilizaciones y bloqueos) continúan en Fuerabamba y comunidades vecinas y se convocara a un nuevo paro realmente regional la situación será incontrolable con los altos costos sociales y económicos para el país. El impacto de esa combinación puede abrir un escenario de conflicto en todo el sur del país.


* Este artículo fue publicado el 02 de abril del presente año en Servindi.org.

Campanas de acuerdo, ¿antes de tiempo?

Rodrigo Montoya Rojas
Antropólogo


(Crónica 3, abril 7, 2019)

Escribo hoy domingo 7 de abril. Redoblaron ayer, las campanas del episcopado -el conjunto de Obispos que gobierna a la iglesia católica peruana- anunciando lo que habría sido el acuerdo entre los dos interlocutores: de un lado, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, y representantes de otras comunidades del distrito de Chalhuahuacho y, del otro, un representante de MGM, el consorcio chino dueño de la mina Las Bambas, y el primer ministro Del Solar y tres de sus ministros. Mediaron como “facilitadores”, la iglesia y el Defensor del Pueblo. El Comercio y La República titularon en su primera página de hoy: “Una salida para las Bambas” y “Gobierno, minera y comuneros firmaron acuerdo”. El diario Perú 21 tuvo la prudencia de señalar que se trata de un “Acuerdo a medias, sigue el bloqueo de carreteras en las Bambas”. La alegría de los periodistas de RPP no podía ser mayor, anunciando cada media hora la “buena nueva” del acuerdo de paz.

Cuidado con los entusiasmos antes de tiempo. Conviene tomar en cuenta que las campanas del Episcopado se escuchan en Jesús María, parte de Lima y en algunos puntos del país, que algunos de sus ecos llegarán a las tierras altas de Apurímac y Cusco, y que el acuerdo fue tomado en Lima, mientras los comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho y otros distritos de la provincia de Cotabambas, siguen bloqueando la entrada a la mina Las Bambas y la carretera en Yavi Yavi. El propio Gregorio Rojas insiste en pedir la libertad de sus abogados los hermanos Chávez, y se sabe con seguridad que hay un acuerdo aparentemente muy grande en la zona de conflicto para que el presidente de la república vaya a Fuerabamba a la reunión prevista para el próximo viernes 11. Por su parte, el gobierno mantiene la suspensión de garantías en la zona de conflicto y pensará cien veces si conviene o no que Martin Vizcarra vaya a negociar allí donde los comuneros son fuertes y el gobierno débil.

Se trata, en consecuencia, de un acuerdo parcial de buenas intenciones en la pacífica y tranquila sede del Episcopado de Lima. Los cuatro días próximos serán seguramente muy calientes y tensos porque la atención se desplaza a Las Bambas donde están en juego la unidad de la comunidad de Fuerabamba y la entrada en acción de nuevas comunidades exigiendo sus derechos más allá del trato de privilegio por parte de la empresa china y el Estado a la comunidad de Fuerabamba. Será muy dura la tarea de los operadores del gobierno, en particular de su “servicio de inteligencia”, para romper la unidad comunal porque aquel Gregorio Rojas, supuesto miembro de una “banda para delinquir”, salió de la cárcel, fortalecido, y sigue siendo el interlocutor principal. Estemos atentos a la novedad de ayer: un señor Paredes, nuevo asesor de Rojas, sería según los policías un operador del Movadef. Por ahí podrían estar preparando un nuevo ataque para sacarlo del escenario.

En espera de las decisiones que se tomen en la zona de conflicto para respaldar o no el preacuerdo de Lima, volvamos los ojos sobre las tierras altas del Cusco y Apurímac, el lejano escenario de un nuevo conflicto entre la empresa minera, su aliado el Estado, y los pueblos, culturas y naciones andinas.

En las tierras altas, por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar, viven desde tiempos preíncas las comunidades de pueblos pastores de alpacas, llamas, ovejas y caballos, en directo contacto con las comunidades agropecuarias de las tierras bajas. Un wayno de la provincia de Parinacochas cuenta: “Por esas alturas, solo el cóndor vuela/ y las vicuñas corren;/ en esas alturas, el hombre va divisando/ su eterna amargura”. Allí la luz del sol quema tanto como el frío; el frío hace llorar y mata; las familias informan de sus hijos muertos y los que siguen vivos. Son productores de lana y múltiples tejidos, de cerámica diversa. Llevan a los mercados cercanos y lejanos, incluyendo Lima por supuesto, lanas, prendas de vestir y variedades de charquis, esa carne deshidratada desde tiempos preincas, indispensable en el “olluquito con charqui”, plato andino que es parte de la comida criolla y limeña. (Sabemos que el mejor es el de alpaca).

Hombres y mujeres comparten el espacio y el paisaje con alpacas, llamas, vicuñas, viscachas, patos, perdices, pumas, zorros, animales que por ser libres pertenecen a los Apus, los padres nevados; mientras las vacas, ovejas, caballos, gallinas y perros, por haber sido domesticados pertenecen a los runas-humanos.

Pastar el ganado en esas alturas, donde la temperatura en invierno baja a menos 10 grados es seguramente uno de los oficios más duros. Un hombre pastor tiene una esposa, una familia pequeña y otra más grande, un caballo, un poncho rojo, una mandolina o un charango como si estuvieran atados a su cuerpo. Me detengo en este punto para recomendar a quienes leen estas crónicas que busquen un libro precioso: Ñuqanchik runakuna-Nosotros los humanos, edición bilingüe (Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, Cusco, 1992), de los antropólogos cusqueños Carmen Escalante y Ricardo Valderrama, una excepcional pareja de etnógrafos que entre 1971 y 1976, fueron maestros primarios en escuelas unidocentes en comunidades de las comunidades de Apumarka, Awkimarca, muy cerca de Challhuahuacho y Fuerabamba, todas pertenecientes a la provincia de Cotabambas cuya capital es Tambobamba.

El libro presenta la vida cotidiana de dos criadores de ganado, ambos abigeos, hace 50 años, sus familias nucleares y extendidas, en sus comunidades en permanente conflicto y al mismo tiempo solidaridad con los mistis de Tambobamba, capital de la provincia, así como de Chuquibambilla, capital de la provincia de Grau. Los lazos de solidaridad comunal son fuertes tanto como el conflicto entre individuos y familias por el cotidiano robo de ganado. Cuando esos conflictos no se resolvían entre ellos y ellas, era inevitable apelar a la protección de los terratenientes mistis quienes en las capitales de provincias tenían el poder suficiente para que los guardias civiles, fiscales y jueces apresen, encarcelen y liberen a inocentes y culpables a cambio de uno o más caballos u ovejas. Esta ha sido una de las formas de violencia estructural que forma parte del pasado y también, parcialmente del presente. Fiscales, jueces, policías, terratenientes-mistis, unos pocos abogados y muchos tinterillos, encarnaban el Estado. Los quechuas no fueron representados ni servidos por el Estado. El discurso democrático del país oficial estaba muy lejos, y cuando aparece ahora en el horizonte, es tan frágil que no tiene consistencia alguna.

La música, el canto, las danzas, los mitos y leyendas son responsables de la alegría de esos pueblos, particularmente el carnaval como aquel que conmovió y cautivó a José María Arguedas: “cuentan que el río de Tambobamba/ se ha llevado a un tambobambino charanguero/ solo flotan en el agua, su poncho, su birrete, su charango…”. Una historia tan triste como esa fue contada y cantada con el ritmo rápido de un carnaval y no con otro triste como el de un harawi-yaraví, del mismo modo que se baila un tango de versos igualmente tristes.

Hay ahora carreteras, escuelas y colegios, mercados; luz eléctrica, llega la radio todos los días, también parte de la TV pública. Con los celulares se ha producido un aluvión de cambios, lo mismo que con la oferta de la empresa minera de cambiar por algo de dinero la tierra de la antigua comunidad y las tierras de pastos por otras. Empresarios chinos y agentes del Estado, en nombre del crecimiento que el Perú necesitaría, disponen de sus bienes y vidas. Si los considerasen como ciudadanos plenos no lo harían; si fueran ellos los obligados a dejar sus tierras y mudarse con todo a otros lugares, apelarían a todos sus derechos para impedirlo.

El paisaje sigue siendo el mismo de siempre, hermoso y tremendamente duro.


* Esta crónica fue publicada originalmente en Lamula.pe