Insurrección: el único mecanismo de las mujeres en México

Alicia Mota Rodríguez

Dar un posicionamiento o una simple opinión de lo que está sucediendo con respecto a la toma de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) en el Centro de la Ciudad de México el día 4 de septiembre hasta ahora, resulta extremadamente difícil, sin embargo, muchas personas se han tomado el atrevimiento de dar un comentario basándose simple y llanamente en “lo que han escuchado” “lo que yo hubiera hecho” “yo no usaría la violencia” sin un ápice de empatía hacia las mujeres madres, hijas, hermanas y familias que han sido víctimas de la violencia de género que tiene inmersa hasta el tuétano el estado mexicano; se basan en criterios desmesurados y crueles, culpando sin cesar a las víctimas. 

Se les olvida que los responsables de la impunidad son los tres órdenes de gobierno, que década tras década, no han hecho nada por las víctimas, apostando a que se politicen las protestas, los delitos y los movimientos para llevarlos al olvido sin pronunciarse y aceptar sus responsabilidades solo esperando pacientemente que la efervescencia pase al olvido. 

Habría que recordar que el estado mexicano está obligado a erradicar la violencia de género hacia las mujeres y garantizar atención inmediata y acceso a los servicios médicos de manera gratuita, reparación integral del daño, justicia pronta, expedita y con perspectiva de género. Además de tomar las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la dignidad humana. Para ello es necesario contar con fiscalías y juzgados con personal especializado, libres de dogmas, prejuicios, mezquindades, nepotismo y herencias patriarcales.

Las madres, hijas, hermanas y familias de las víctimas de violencia de género han recorrido procesos judiciales exhaustivos y lacerantes que las han llevado a la lucha social por medio de la insurrección y la rabia ante el nulo resultado de la mecánica institucional. La institución apuesta a que dejen de luchar para encontrar justicia para sus víctimas, doblegándolas a resignarse a un Estado fallido, podrido, perpetuador de roles y estereotipos de género, desigualdades fácticas y corrupto donde las prioridades no son las once mujeres que mueren a diario en este país, sino un puñado de intereses para unos cuantos. Donde el discurso solo se queda en el ámbito político y jamás toca lo público.

Se les olvida que son insostenibles las estadísticas de violencia hacia las mujeres en México, que ya no hay cabida para su cinismo, que el Estado ha orillado a las madres, hijas, hermanas y familias enteras a la desobediencia civil por omitir una y otra vez de manera soez sus responsabilidades agravadas, mofándose que estás no dan pauta a mediaciones o negociaciones, revictimizando a través del escrutinio público para convencer de que la barbarie se ha apoderado de ellas, que los feminismos y el exceso de libertades y derechos son los únicos responsables. 

Que la ingobernabilidad, la complicidad con el crimen organizado y sus intereses económicos que sostienen a través de sus pactos conservadores son producto de nuestra imaginación. Que las brechas de desigualdad que permean el país se deben a la holgazanería, torpeza y falta de voluntad y no así a un problema estructural; que pueden seguir violentando de manera sistemática nuestros derechos humanos sin que alcemos la voz y sin cuestionar la mecánica institucional.

El estado mexicano es y será el único responsable de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que aquellos hombres y mujeres, que con sus críticas fútiles y moralistas cobijan la estructura, contribuyen a perpetuar la violencia sistemática de la que difícilmente podrán salir adelante.

 Sí, las madres, hijas, hermanas, familias y las insurrectas tiene todo el derecho de manifestarse de manera cruenta porqué llevan todo una vida violando sus derechos, en el momento que se les necesite – con o sin postura feminista- ellas estarán ahí extendiéndoles la mano y el corazón para luchar codo a codo “acuerpándose” o apoderándose de los espacios públicos para exigir los derechos que les han sido ultrajados con toda la fuerza avasalladora del Estado. 

El Estado tiene una deuda histórica con sus mujeres, los avances que se han logrado a través de la lucha feminista han sido loables, sin embargo, el Estado no asume sus obligaciones, no sanciona a las y los servidores públicos e instituciones que han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, que por su gravedad, deben tener consecuencias más rigurosas.
La toma de la CNDH solo es un advenimiento de la crisis institucional, la titular Rosario Piedra Ibarra, está obligada a recibir a las mujeres que actualmente residen en las instalaciones de la CNDH ahora denominada “Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México” para escucharlas, recibir sus peticiones, tener la disposición humana e institucional de celebrar acuerdos y cumplirlos, dejar las simulaciones de diálogo por parte de Piedra Ibarra y dar apertura a las víctimas pues está ha sido la principal demanda y de la cuál no han tenido respuesta. El diálogo entre autoridades y víctimas es el primer paso para llegar a acuerdos a través de documentos que las doten de seguridad jurídica ante la nula actuación de las autoridades en los procesos judiciales. La CNDH se ha equivocado, no ha cumplido su encomienda y más allá de remitir las responsabilidades a las demás instituciones debe asumir las que le competen y resarcir las vulneraciones que ha cometido a las víctimas de este país. Por el momento, la insurrección es el único mecanismo de las mujeres en México.

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