Por favor, ya no más: el asesinato de Javier Ordoñez

Aunque pasarán años antes de que la justicia colombiana se pronuncie al respecto, es casi imposible ocultar que Javier Ordóñez fue brutalmente asesinado por un grupo de agentes de la Policía Nacional de Colombia, entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre del 2020.

Hoy, casi dos semanas después de su muerte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia entregó el dictamen de la necropsia que soporta esta afirmación. Según el documento, después de haber recibido un patrón de (11) descargas eléctricas con una pistola taser, por parte de dos patrulleros de la Policía ―hecho que se registró en un video de cinco minutos, luego difundido por Internet― Javier, de 43 años, fue objeto de una golpiza inhumana que le dejó múltiples traumas en el cráneo y pecho, así como un riñón reventado. 

Por las marcas en sus muñecas, además se deduce que fue víctima de tortura; posiblemente dentro de un vehículo de la Policía, como cuenta Wilder Salazar, amigo suyo quien también fue detenido con él. En ese momento, ambos estaban siendo trasladados del barrio Santa Cecilia (donde habían sido abordados presuntamente por estar bebiendo licor en espacio público), al Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, ubicado en el occidente de Bogotá. Esto hechos también quedaron registrados en el video.

Dentro de este mando de la Policía ―de acuerdo con el testimonio de Salazar, el cual fue transmitido la semana pasada en el Congreso de Colombia― continuaron los golpes e insultos contra Javier, a pesar de que ya estaba esposado y tenía dificultad para respirar. De hecho, mientras Wilder también era inmovilizado, les pidió varias veces a un grupo de entre cuatro y cinco uniformados, que por favor llevaran a su amigo al hospital. Nunca le prestaron atención.

El estado de salud de Javier fue incierto hasta que Juan David Uribe, amigo suyo y quien precisamente grabó el video donde lo estaban maltratando, llegó al CAI para intentar mediar con los oficiales. Salazar señaló que los policías dejaron pasar a Uribe al calabozo donde ellos estaban detenidos, y allí él fue quien notó que Ordóñez, acostado en el piso en posición fetal, no estaba respirando.

Los dos amigos de Ordóñez entraron en pánico y suplicaron ayuda hasta que los policías solo resolvieron soltar una mano de Salazar, quien todavía esposado trató de levantar a Javier como pudo ―según su versión, ya tenía el cuerpo bastante frío―. Pero después de más súplicas y varios minutos de angustia, lograron ser llevados en una patrulla a la clínica Santa María del Lago, localizada a un kilómetro y medio de distancia.

Aunque alcanzó a ser ingresado, los médicos determinaron que Javier había llegado casi sin signos vitales, a causa de los traumas en su cuerpo. Hasta ese día, él había trabajado como taxista, aunque era ingeniero aeronáutico y estudiaba Derecho. También tenía dos hijos menores de edad.

Más tarde, la transmisión del video de los minutos previos a su muerte desencadenó una manifestación masiva contra la Policía en Bogotá, en la que grupos de oficiales abrieron fuego y cometieron bochornosos actos de abuso que iban desde esconder sus identidades y amenazar a los ciudadanos con palos hasta la denuncia de una violación a tres mujeres dentro de un CAI.

No es un incidente aislado

Créditos: Ernesto Guzmán-EFE.

El caso de Javier no es un incidente aislado, sino que se suma al largo prontuario de brutalidades y abusos de autoridad cometidas por la Policía colombiana. Dentro de esta lista, se encuentran el homicidio en 2005 de Nicolás Neira (de 15 años) por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el asesinato en 2011 del grafitero Daniel Felipe Becerra a manos de un patrullero hoy prófugo de la justicia, la muerte en 2019 de Dylan Cruz (de 18 años), quien durante las manifestaciones del Paro Nacional fue impactado en la base de su cráneo con una munición que ni siquiera está legalizada, y la mortal golpiza que en junio de este año recibió Anderson Arboleda, un joven afro de 24 años, habitante del municipio de Puerto Tejada, departamento del Cauca ―suroccidente de Colombia―, presuntamente por desobedecer las medidas de cuarentena.

A estos registros, también se les suman las ocho muertes que se contaron la madrugada del 10 de septiembre en Bogotá, sobre todo, la de Julieth Ramírez, estudiante de psicología de 19 años que recibió un disparo directo al corazón en el barrio Villamaría (noroccidente de Bogotá).

Su asesinato generó tanto rechazo en la comunidad, que varios ciudadanos reaccionaron expulsando a la Policía del CAI de ese sector (La Gaitana) y le prendieron fuego. Otros 48 de estos puestos en la capital ―incluido Villa Luz, donde fue detenido Ordóñez― también ardieron en la tarde del 9 de septiembre.

 Y brotaron las bibliotecas populares

Sucedió que mientras el ministro de defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tomaba la ―poco sabia― decisión de militarizar Bogotá para disolver la protesta y la Alcaldesa Claudia López reconocía por redes sociales que la Policía no le estaba obedeciendo, dos de los CAI quemados se convirtieron en bibliotecas populares.

Uno fue el de La Gaitana, tomando el nombre de Biblioteca Popular Julieth Ramírez, y el otro fue el del sector del Parkway (zona central de Bogotá), bautizado como Biblioteca Popular Jaider Fonseca (de 17 años), quien ese día recibió cuatro disparos mientras salía a protestar contra los policías.

Este acto poético y de amor por la vida ―porque no hay otra forma más para definirlo― nació en su mayoría de jóvenes y estudiantes, en los que, a pesar de la pandemia, seguía latente el espíritu del Paro Nacional, la movilización masiva que hubo contra la bastante regular administración del presidente Iván Duque, en noviembre del año pasado.

De hecho, fue en el marco de estas manifestaciones que murió Dylan Cruz y que el Gobierno―tratando de deslegitimar las marchas que pedían justicia por este crimen― afirmó que habían sido infiltradas por miembros de las guerrillas y las bandas criminales. También, el 9 y 10 de septiembre de este año en varios diarios nacionales salieron titulares que decían lo mismo sobre los manifestantes que se tomaron los CAI. Aunque, los abusos de la Policía ya eran tan obvios que finalmente el ministro Trujillo y Hoover Pinilla, director encargado de la Policía, tuvieron que recular y hacer públicas unas disculpas.

 Eso sí, Pinilla dejó claro esta semana que los miembros de su institución no necesitaban una orden para disparar (como lo hicieron en parques y avenidas residenciales el 9 de septiembre), sino que ellos lo hacían con base en su criterio y entrenamiento.  

Una silla vacía

Créditos: Iván Valencia-AP.

El presidente Iván Duque fue otro personaje al que se le llamó a pedir disculpas públicas por los hechos del 9 de septiembre, ya que, en el ordenamiento constitucional colombiano, él es el comandante en jefe de la Policía. Sin embargo, brilló por su desinterés cuando decidió no asistir al acto de perdón que había organizado la Alcaldía de Bogotá. La fotografía de su silla vacía en el evento, contrastaba con el dolor de los familiares de las víctimas que estaban allí.  

Según Duque, él ya se había comunicado con ellos y les había ofrecido disculpas. Además, en reemplazo suyo envió a Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera de los derechos humanos, y a Miguel Ceballos, comisionado para la paz. Cabe mencionar que ambos forman parte del Centro Democrático (el partido de Gobierno) y, por ende, comparten la postura de que las manifestaciones en Colombia no son resultado de un clamor social, sino instigaciones de la oposición y los grupos subversivos.

En pocas palabras, para la actual administración de Colombia, ‘todo va de maravilla’. Tanto, que la brutalidad y el abuso de las autoridades ―producto de que históricamente el Estado prefiere enviar tropas en vez de servicios sociales― no es suficiente razón para que los ciudadanos se indignen. Ni tampoco lo es el hecho de que, durante el brote de Coronavirus, por ejemplo, Iván Duque haya preferido invertir en nuevo equipamiento para los antimotines del ESMAD, que en hospitales y proyectos de renta básica.

Es más, hoy parece que esas decisiones las tomó pensando a futuro, o sea, pensando en el hoy, cuando la ‘nueva normalidad’ en el país ha tiene sus peores cifras de desempleo y cuando su imagen otra vez se está yendo en picada, tal como sucedió por la época del Paro Nacional del 2019. Duque, seguramente venía calculando que después del pico de la COVID-19 vendría un estallido de protesta social.

El músico colombiano César López, en una entrevista con la periodista Jimena Duzán, de la revista Semana, acertadamente dijo que con este comportamiento era claro que el Gobierno le estaba dando cachetadas a los ciudadanos, esperando que espabilaran. Pero, el panorama puede ser más preocupante, porque al ritmo con que el presidente de Colombia va acumulando poderes, más bien parece estar implementando un régimen totalitarista.

Narcototalitarista ―corrijo― porque hoy Iván Duque, pupilo de Álvaro Uribe, tiene de aliados a todos los organismos de control colombianos (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Registraduría y Consejo Electoral), además del presidente actual del Senado, el cantante Arturo Char, y la mayoría del Congreso. Los medios de comunicación tradicionales y los grandes grupos empresariales también lo apoyan, y hoy se sabe, gracias a las investigaciones del periodista Gonzalo Guillen, que parte de su campaña presidencial fue financiada por José ‘Ñeñe’ Hernández, narco colombiano asesinado en Brasil. Se dice que él y Duque eran íntimos.

Además, con la Policía y el Ejército entrenados para intimidar y defender sus intereses, le queda muy fácil perseguir y extinguir a la oposición: desde políticos y jueces hasta miembros de colectivos artísticos, todos los que no estén con él son el enemigo.

El panorama en Colombia entonces es muy orwelliano: el actual Gobierno ha alcanzado una fase donde ya no necesita de los ciudadanos para reelegirse y por eso los puede tratar como basura. Tan solo una combinación de corrupción, violencia y propaganda le bastan para asegurar el próximo periodo en la Casa de Nariño.   

El 21S

Créditos: El País.

Es en este triste clima de represión, que sucede un nuevo estallido social en Colombia y la siguiente fecha que tienen planeados los movimientos de estudiantes, artistas, feministas y en general toda la población que está indignada por los abusos de la Policía y el Gobierno, es el lunes 21 de septiembre.

Interesados en que no sucedan más muertes por enfrentamientos con los uniformados, diferentes actores políticos de la oposición hicieron la semana pasada un llamado a la protesta pacífica, pero eso no es garantía de que los policías antimotines provoquen a los marchantes y hasta se infiltren en las marchas (lo cual es una de sus tácticas más recurrentes).

Además, es muy difícil pedirles a los colombianos empáticos con las familias y amigos de los cientos de personas asesinadas por la Policía, que pongan la otra mejilla, cuando la respuesta ―por defecto― de cualquier acto que llegue a bloquear una avenida en Bogotá es una granada aturdidora o una lluvia de gas lacrimógeno.

La verdad es que hay mucha tensión entre civiles y las autoridades colombianas, y los únicos que parecen beneficiarse con esta situación son los políticos (la mayoría del partido de Gobierno) que soportan su discurso en el miedo y monopolio de la guerra como medio para combatir la inseguridad. La doctrina a la que pertenecen ha impedido que hoy se avance en políticas e iniciativas que realmente reduzcan la inmensa brecha de desigualdad en el país, porque en el momento que deje de existir el caos serán prescindibles.

También es gracias a estos retardatarios que la Policía en Colombia se mantiene como un cuerpo con formación militar y no civil, en el que los cadetes ―generalmente muchachos de origen humilde― son bombardeados con falsa propaganda y un discurso de odio, en el que se responsabiliza de todas sus miserias a la oposición. Es a ellos a los que el Estado luego equipa con armas supuestamente no letales, como las pistolas taser, y más adelante en su carrera con revólveres de verdad.

Tal vez si los agentes que asesinaron a Javier Ordóñez hubieran recibido una formación distinta, que no solo sirviera para prolongar en el poder a una casta política, empresarial y criminal, sus últimas palabras no habrían sido: “por favor, ya no más, ya no más”, la súplica que hacía mientras lo electrocutaban.

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