#DeudasTributarias: Sentencia para no pagar

Postveritat nace buscando derrumbar la posverdad expandida en la sociedad, centrándose en desmentir ciertas declaraciones o vídeos que promueven la desinformación con medias verdades, además de aclarar todo aquello que deba ser aclarado. Postveritat busca la verdad, en tiempos en los que es necesaria.

En Perú, en los últimos días a través de las redes sociales, miles de usuarios han alzado su voz de protesta frente a una posible sentencia del Tribunal Constitucional para que las grandes empresas no paguen sus deudas. ¿Es esto cierto? Por ello, en Postveritat, explicaremos un poco más lo que se esconde detrás de este revuelo.

¿Qué pasa el 22 de septiembre?

Lo concreto es que ese día el Tribunal Constitucional deliberará sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad sobre la Primera Disposición Complementaria Transitoria de Decreto Legislativo 1421.

¿Qué plantea esa P.D.C.T?

Básicamente corrige algo controversial que determinó el Tribunal Fiscal en 2017 respecto al período de cobranza de una deuda por parte de SUNAT. Normalmente se determinaban cuatro años para calcular una deuda, y cuatro más para hacerla efectiva. Pero tras una decisión del TF, ambos plazos se separaban y corrían al mismo tiempo, lo cual dejaba a SUNAT con solo cuatro años para determinar una deuda y cobrarla.

¿Cómo puedes cobrar una deuda si aún no has determinado la extensión de la misma? Difícil saberlo. Claramente esto no es problema para el contribuyente corriente, pero sí cuando se trata de grandes empresas con deudas que no quieren reconocer y con dinero para empezar procesos legales respecto al reconocimiento de deudas. Es decir, puede tardar más de cuatro años siquiera poder calcular una deuda para una gran empresa, y apegándose a la prescripción, muchas empresas se salvarían de pagarlas. Cuando el Ejecutivo se enteró de esto decidió incluir dentro del D.L. 1421, una Disposición que señala que el plazo de prescripción empieza a contar después de que SUNAT determina la deuda y la notifica.

¿Cómo nace esta demanda?

En 2019, Manuel Montoya Cárdenas presentó la demanda de inconstitucionalidad como decano del CAL de La Libertad. Como Ojo Público señaló a inicios de año, detrás de esta demanda, se encontraba el estudio Gálvez & Dolorier que, curiosamente, también representa a las grandes empresas deudoras que se verían beneficiadas de esta prescripción. Claramente, su accionar se ve guíado por bondad hacia el pequeño y mediano empresario y no tanto por el beneficio de sus millonarios clientes.

¿Cuáles son las defensas de la demanda?

Algo de lo que señaló José Gálvez Rosasco, uno de los socios del estudio Gálvez & Dolorier, para Ojo Público resuena entre los defensores de esta demanda: “Va a impactar en todos los contribuyentes que se encuentren afectados por esta norma”. No le falta razón. Es cierto, esta norma como tal afecta a todos los contribuyentes que se encuentren bajo el umbral de la norma. Pero evidentemente, el riesgo de perder 11 mil millones no se concentra en todos los contribuyentes, sino en grandes empresas que aparentemente no tienen ningún problema en acogerse a la prescripción de sus deudas, como las que se encuentran en este gráfico..

https://datawrapper.dwcdn.net/uUVvj/5/
Gráfico: OjoPúblico Fuente: Sunat Creado con Datawrapper.

Otro punto que señala es que esta norma es retroactiva, pero ello es meramente una errónea interpretación de la norma. El plazo de prescripción tiene todo un recorrido, lo que implica que si no ha llegado al punto final, no puede existir una prescripción. ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchos procesos judicializados por las grandes empresas respecto a sus deudas aún no acaban. Es decir, muchas deudas aún siguen calculándose y debatiéndose en juzgados mientras hablamos. Deudas que se remontan a más de una década, incluso.

¿Qué plantea el Tribunal Constitucional?

La propuesta de sentencia fue redactada por el magistrado Ernesto Blume y pretende declarar fundada la demanda, recogiendo el argumento de la retroactividad pues contabiliza el plazo de cobro en una fecha distinta al plazo de inicio. Además, considera que en las facultades legislativas que le otorgó el Congreso al presidente Martín Vizcarra, en 2018, no se indicaba, de forma literal, que él podía normar sobre este tema. 

¿Cuál sería el impacto de esta sentencia?

Paolo Benza, periodista peruano, nos comentó que de aprobarse esta sentencia, el Estado perdería cerca de 11 mil millones y abriría la puerta a que en un contexto de pandemia, muchas empresas pudieran acogerse a esta sentencia para evitar el pago de muchas deudas. Pero como ha revelado Ojo Público, son cerca de 132 empresas las que se verían beneficiadas a costa del Estado por esta sentencia. Este dato no es menor en un contexto de reactivación económica, y por ello sorprende la pasividad de algunos medios de comunicación para no informarlo o, en todo caso, pasarlo como una nota relativamente intrascendente.

Benza señaló que el punto más controversial de la sentencia que propone Blume es el punto 79.

Imagen

¿Por qué? Pues porque este punto abre el camino para que varios de los procesos judiciales aún en curso puedan acogerse a esta eventual interpretación en las última instancias.

Así, esta sentencia abriría la puerta no solo a perder 11 mil millones de soles, sino muchos más que aún continúan peleándose en juzgados, como la deuda de 255 millones de soles que Telefónica venía luchando hace más de una década y que a través de un fallo, se vio obligada a pagar a SUNAT. El costo de esta sentencia no tendría solo un efecto inmediato, sino un efecto a largo plazo que erosionaría nuestro ya pobre aparato fiscal, siendo el gran beneficiario la gran empresa deudora de nuestro país.

No podemos ignorar el hecho de que contamos con un aparato fiscal deficiente, y sin duda, SUNAT debería poder calcular y cobrar una deuda en un período de cuatro años. Pongámoslo en términos simples y sencillos: esto a la actualidad no sucede. Tampoco podemos pasar por alto el carácter abusivo y el trato casi de criminal con el que persigue a los contribuyentes, pero esta discusión no se centra en ello. Apoyar un fallo en base a un ideal, a una molestia independiente a este hecho y no a una realidad sería doblemente irresponsable, y ello no debe guíar el accionar de los siete magistrados del TC que definirán esta situación.

¿Qué piensan los involucrados en este asunto?

Evidentemente, los representantes de las grandes empresas han guardado silencio en estas últimas horas. Motivos no les faltan. Nadie quiere ser visto defiendiendo deudas millonarias al Estado en este contexto de pandemia. Por parte de SUNAT, claramente ven perjudicial que esta sentencia pueda ser aprobada.

Pero algo que no podemos ignorar aquí es que la presente gestión del CAL de La Libertad ha presentado un desistimiento de la demanda. ¿Bajo qué motivos? Pues porque la demanda no fue promovida por la actual gestión, y se han dado cuenta que la demanda no protege ningún interés público.

Imagen

No obstante, en el artículo 106 del Código Procesal Constitucional se menciona que el proceso solo termina con una sentencia.

Imagen

Paolo Benza nos comentó que el Tribunal Constitucional ya ha actuado de oficio en casos similares omitiendo el desistimiento en virtud de dicho artículo, por lo que no habría ningún impedimento que lo haga así en este caso, y esto mismo lo reconoce el propio CAL en su comunicado que pide por el contrario una “interpretación teleológica” de la norma “en favor de las grandes mayorías y sectores más vulnerables”.

Por lo que, más allá del comunicado que ciertamente pretende limpiar al CAL de cualquier responsabilidad, esto será definido por 5 votos (los necesarios para aprobar una demanda por inconstitucionalidad) de estos magistrados:

  1. Ernesto Blume Fortini
  2. Marianella Ledesma Narvaez
  3. Augusto Ferrero Costa
  4. Manuel Miranda Canales
  5. Carlos Ramos Núñez
  6. José Luis Sardón
  7. Eloy Espinosa-Saldaña

¿Entonces cuál es escenario para este 22 se deptiembre?

Ante nuestra consulta de si existía un estimado de cómo podría resultar la votación, Benza admitió que no había un panorama claro sobre este tema. Por lo que podríamos guíarnos en hechos que parecen triviales pero que no lo son a largo plazo, recordando los 5 votos necesarios para admitir la demanda.

Y es que de estos 7 magistrados, 6 ya vencieron su mandato hace más de un año. Muchos de ellos, como renombrados abogados, eventualmente acabarán trabajando para estos estudios que hoy defienden a estas grandes empresas a expensas del Estado. Es una posibilidad que el sentido de sus votos se incline pensando en su futuro laboral y no en el futuro de todos los peruanos. Evidentemente, desde esta revista esperamos que ese no sea el caso.

En Perú, los impuestos de las grandes empresas puede cobrarse en un año como en diez . Ya sea por aparatos deficientes o por empresas que prefieren jugar al borde de la ley, lo cierto es que el impuesto es una moneda al aire para las grandes empresas: puede como no puede pagarse. Constantemente señalamos la irresponsabilidad del Congreso de la República al promulgar o proponer leyes populistas que solo le harían daño al Estado. ¿No podríamos señalar lo mismo del Tribunal Constitucional si se llegase a aprobar esta sentencia? Finalizamos con un ejemplo que la excongresista Marisa Glave brindó en Twitter y que podría significar el costo de esta sentencia para no pagar:

8 millones de familias recibieron S/.5 mil millones en bonos. Si mañana el Tribunal Constitucional aprueba la demanda de inconstitucional sobre deudas tributarias, permitirá que 158 empresas dejen de pagar S/.9 mil millones. Casi el doble.

Entradas recomendadas

Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.