Bagua: Reflexiones sobre el significado de este evento para la visión de la población indígena

Hablar, o escribir, como es el caso, sobre el conflicto en Bagua y lo que pasó en la denominada ‘Curva del diablo’ -el Baguazo-, siempre generará un nudo en la garganta que nos recuerda la realidad tan cruda y desigual que se refleja, aún, en nuestro país. Recientemente se cumplieron once años del, lastimosamente, famoso conflicto que remeció hasta al más reacio de los convencidos de que en el Perú había igualdad para todos. Once años donde ha habido mejoras, pero donde tampoco es que se haya alcanzado las metas que son necesarias para el reconocimiento adecuado de la población indígena. En ese sentido, este breve texto no pretende atacar y criticar toda medida gubernamental abocada a generar el respeto adecuado a los derechos de las poblaciones más vulnerables; sin embargo, si pretende ahondar en los motivos por los que el conflicto de Bagua caló de tal manera en las comunidades nativas.

Quizá, a estas alturas, se precise como algo innecesario volver a repetir con detalle los hechos que sucedieron en aquel fatídico 05 de junio de 2009; a pesar de ello, considero necesario exponer, de manera muy general, lo que desencadenó aquel nefasto episodio. Para ello, debo empezar por mencionar que el conflicto social como tal, se inició más de un año antes, en marzo de 2008. ¿El motivo? La Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería que disminuía considerablemente cualquier tipo de consulta o diálogo de relevancia de las comunidades nativas con el Estado, a fin de salvaguardar las tierras que, por historia y derecho, les correspondían. Bajo esa línea, el gobierno de aquel entonces, presidido por Alan García, hizo caso omiso a las protestas y, por el contrario, dispuso una gran camada de decretos legislativos (derogados posteriormente por el Congreso) que continuaban con la vulneración y desconocimiento hacia las comunidades indígenas. Todo ello bajo la premisa de que la inversión en estas zonas brindaría beneficio económico para todos los peruanos y peruanas.

No pasó mucho para que el descontento de las comunidades nativas se reflejara en una serie de paros indefinidos que, comandados principalmente por Alberto Pizango -dirigente de la etnia chayahuita- empezaran a hacer temblar los grandes proyectos económicos que el gobierno pretendía. Ello desencadenó, por supuesto, un malestar más que claro en los ministros de gobierno y, aparentemente incluso más, en el mismísimo Presidente Alan García Perez. Es así que la ‘gota que rebalsó el vaso’ fue el bloqueo de la carretera Belaunde Terry por parte de los nativos presentes en el sector denominado ‘ la curva del diablo’. Lo demás, ya lo conocemos. ¿El resultado? La masacre conocida como el Baguazo.

Ahora bien, si bien es cierto que este es un vistazo, por decirlo menos, muy vago de los verdaderos motivos que condujeron a este lamentable asunto; hay algo que es de suma relevancia y que, hasta el día de hoy, mucha gente no comprende. Esto es, el significado de la tierra para la población nativa y la propia cosmovisión que ellos tienen del mundo. Con esto, no me refiero al discurso que muchos querían dar a entender, donde el indígena es, prácticamente, un ser salvaje que ve en la tierra a su padre o madre. No. Sino, más bien, a la realidad de la visión tan distinta que una persona miembro de una comunidad indígena puede llegar a tener y del impacto que nuestra imposición occidental genera en su contexto.

Las comunidades indígenas, generalmente, no se conducen bajo los mismos parámetros legales y económicos que, por ejemplo, se disponen en nuestra capital, Lima. De ahí que, la supuesta visión de mejora económica para todos los peruanos- al margen de la falacia que verdaderamente trasluce esta frase- que por aquel entonces Alan García defendía, no era en lo más mínimo una mejora para los ciudadanos de aquel sector.  Y esto no lo digo como explicación al porqué ellos no entendían el progreso que el Estado les estaba otorgando; ¡Para nada! Si bien es cierto que el gobierno de aquel entonces tampoco dialogó de manera eficiente con las comunidades indígenas- sí, Yehude Simon y Velásquez Quesquén concretamente intentaron dialogar, si así se le puede decir- esto no tiene que ver con ello; ya que la visión de progreso de Alan García no era lo que encajaba como progreso precisamente en las comunidades indígenas. No por falta de explicación de las normas y proyectos; sino porque vulneraba y desprotegía aquello que fue lo único que siempre estuvo ahí para las personas de estas áreas: sus tierras y sus costumbres.

Lamentablemente, esto es algo que, hasta hoy, muchos no comprenden y que, en aquel entonces, Alan García tampoco comprendía. Es así que, no contento con la masacre que se había producido por orden suya, también se refirió a los pobladores presententes en las protestas como ‘ciudadanos de segunda categoría’; dando a entender que, desde la cabeza del propio Estado, no había siquiera una visión de equidad e igualdad para todos los peruanos. Curiosamente, esta frase, si bien no es referida de la misma manera, se mantiene en las mentes de un grueso grupo de personas que no comprende la relevancia del respeto a los derechos de los grupos de población nativa en nuestro territorio. Se alega, por supuesto, que el hecho de no realizar los proyectos económicos dispuestos en aquel entonces, como muchos otros posteriores, generan pérdidas económicas que el Estado no debería desaprovechar. Se señala, también, que con lo que se genere de aquellos proyectos o explotaciones, se podría dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de la zona en donde se realice y que sería de beneficio para un grupo mayor de peruanos.

Al margen de que, desde algunos puntos de vista, se pueda considerar que esta óptica es, en cierto grado, correcta; no se puede desconocer la realidad vulnerable de las poblaciones indígenas y las diferencias en la óptica que ellos tienen de la vida. Con ello, no hago un especial énfasis en el ámbito normativo; sino, más bien, en el ámbito de la costumbre, fuente válida del Derecho. Y es que, independientemente de las disposiciones de protección que, necesariamente, existen respecto a comunidades y pueblos indígenas,  tanto a nivel nacional como internacional, la costumbre es una fuente universal del Derecho que también permite defender la visión que tenían las comunidades indígenas respecto a la intervención a gran escala que intentó realizar el Estado antes y durante el conflicto de Bagua.

Postulo esto en el sentido de que, de manera interna, durante un tiempo muy prolongado, incluso más que el de la existencia del Perú como república, estas comunidades practicaron de manera constante e ininterrumpida sus acciones y aplicaron sus percepciones sin algún tipo de intervención. Siendo la costumbre la formación más elemental del derecho consuetudinario, formándose como producto de la repetición y práctica constante de la población hasta el punto de ser de carácter obligatorio y necesario. Es por ello que, si aplicamos esta visión occidental sobre fuentes del Derecho, también podemos determinar que hay un grado de relevancia en la visión y costumbres de la población indígena sin contemplar, necesariamente, las medidas legales estipuladas a través de determinaciones normativas y que ya todos conocemos (ejemplo: consulta previa).

Probablemente, debo reconocerlo, es seguro que un gran porcentaje de la población aún se niegue a aceptar una visión diferente como válida; quizá por la naturaleza individualista que, hoy más que nunca, rodea al ser humano. Sin embargo, creo que un razonamiento que hubiere partido desde el factor de contemplar una percepción diferente del progreso hubiera generado resultados positivos de una oportunidad de inversión pero que fuese canalizada de la mano con la apreciación de los propios pueblos que estaban presentes en las zonas.

Más allá de eso, ya también como último punto, considero que los hechos perpetrados aquel 05 de junio, no solo se debieron a la ineficacia de diálogo y a la ausencia de voluntad de analizar las cosas considerando la percepción de los pueblos indígenas. En mi humilde opinión, esto también se debió a un histórico, y quizá voluntario, distanciamiento y fragmentación entre los sectores de poder y control del Estado con la realidad del país. Es, particularmente en el Perú, un hecho que se ha mantenido presente, no solo en los inicios de la época republicana, donde aún no existía una connotación y aplicación del Derecho tal y como lo conocemos hoy ni mucho menos una Declaración Universal de los Derechos Humanos; sino también en años recientes. La falta de conocimiento, reitero, quizá voluntario de quien ejerce el poder en el país, no permite un entendimiento de lo que el país solicita; entendiéndose por país, lo que la población necesita. Y en ese grupo supuesto, se encontraban todos los ciudadanos miembros de comunidades indígenas que estaban presentes en las protestas, generalmente, pacíficas de la selva peruana en aquella ocasión.

Probablemente por lo antes expuesto, y por mucho más, es que se propició el Baguazo; un hecho producto de la ausencia de voluntad de entendimiento, de la falta de reconocimiento a población con derecho pero, sobre todo, producto del olvido de un Estado. Un Estado que recientemente ha crecido, ha estabilizado la economía – debatible hoy más que nunca- y ha generado canales con mayor consideración para la población indígena- tales como la consulta previa; pero que, sin menoscabo de lo señalado, aún no consigue alcanzar la verdadera justicia y respeto para la población que es tan igual de ciudadana como aquel que les dijo que eran de ‘segunda categoría’. El día que el Estado comprenda que la mejora económica sin respeto a la población, no es mejora económica, quizá ese día se pueda hablar de que se empezó a alcanzar la meta.


Sobre el autor

Renato Sacco Cáceres es estudiante del quinto año de la carrera de Derecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Brinda apoyo legal en la Clínica Jurídica Pedro Arrupe SJ para migrantes y refugiados y se desempeña como coordinador de La Voz Jurídica Conversatorios.