¿Qué vidas importan?: El Estado expropiado por la economía

No ha pasado mucho para que la delgada línea entre la posición de un Estado que abogaba por la vida de los ciudadanos y un sector empresarial decidido a reactivar la economía en el menor tiempo posible y a cualquier precio, se desvaneciera a tal punto de que la complicidad se volviese patente. La prioridad del gobierno por salvar la cadena de pagos mediante la ayuda a las grandes empresas sobre las pequeñas y medianas –que es lo que, al final, sucedió–, ha develado la relevancia que tiene el mercado para una perspectiva que, en un principio, asumía una figura paternalista para con los ciudadanos.

Si bien a no muchos podría sorprender que esta cadena de cuidados del Estado hacia las empresas haya siempre existido, lo cierto es que las razones para la complicidad mencionada se extienden más allá de un interés de asociación o la acusación de una coerción desde la Confiep hacia nuestro gobierno. Alguien ha dicho, con mucha razón, que la cuarentena, al final de cuentas, no era más que la continuación de la economía por otros medios. Ya sea por la expansión del teletrabajo –y todas sus precariedades– o por la conservación de la fuerza de trabajo para una futura y renovada explotación, de cualquier modo, queda desechada la idea de que la vida, en sí y por sí misma, poseía un “valor” elevado para el Estado.

En un principio, se nos habló de una “guerra” contra el coronavirus, una interpretación bélica de la situación que se desenvolvió tanto en el campo del lenguaje y los discursos como en acciones realmente propias de una guerra: así, por un lado tenemos la visión idealizada de los sistemas de salud como la “primera línea de batalla”, invisibilizando así la situación paupérrima en la que los profesionales de la saludad operaban, y por otro lado la ley ahora vigente según la cual las fuerzas policiales y del ejército no tienen responsabilidad penal en el uso de sus funciones.

Como han señalado autores como Toni Negri, Michael Hardt o Susan Sontag, asumir la lucha contra una enfermedad bajo los parámetros de una guerra tiene implicancias políticas muy serias ya que permite, en primer lugar, abstraer toda diferencia social preexistente y organizar la sociedad como un todo compacto frente a la enfermedad, asumiendo así que cualquier tipo de sacrificio es válido en esta guerra (sacrificio que, desde luego, para unos puede consistir en quedarse en casa padeciendo aburrimiento mientras que para otros significa directamente no poder trabajar y ver seriamente comprometida su existencia y la de los suyos).

No obstante, como sugiere Sontag, esta totalidad impuesta por la excepción significa también la construcción velada de un enemigo interno en las propias trincheras: ya que la enfermedad en el discurso estatal es una abstracción ideológica, el contagiado posee un estatus ambivalente, ya sea en tanto culpable por ser foco de propagación (o, como se ha visto en nuestro país, incluso culpable por haberse infectado), o víctima del coronavirus. Bajo esta lógica, no es casualidad que se persiga y condene hoy al vendedor ambulante y en general a toda persona que sale a estas alturas a trabajar para seguir viviendo: ¿no son acaso ellos también ciudadanos? ¿no deberían también formar parte de las prioridades de este Estado?

La “informalidad” de la cual se habla se rebela en realidad contra un Estado cuya principal presencia fue la ausencia sistemática a lo largo del tiempo. Desde luego, no se trata aquí de idealizar un sector de la población ni de liberar responsabilidades. Pero, ante la indiferencia y falta de sentido común con la cual se opera desde las altas esferas, lo menos que se puede hacer es desmontar la cadena de mentiras con las que se nos quiere hacer responsables de nuestra propia precariedad.

Por su parte, y tomando en cuenta las recientes declaraciones de la presidenta de CONFIEP, no debería a nadie sorprender la frialdad de su discurso para con la vida del resto de peruanos. En la ideología neoliberal, la salud se asume como algo inalcanzable, un estado utópico del cuerpo por el cual nosotros debemos, por tanto, acostumbrarnos a la enfermedad, a lidiar con ella. Ambos polos, saludable/enfermo ya no son dos estados del cuerpo que se repelen, sino que pueden coexistir perfectamente. De esta forma, el cuerpo enfermo es algo habitual y, desde luego, inofensivo para la marcha del gran capital.

La reanudación de las actividades productivas, con claro sesgo macroempresarial frente a los pequeños negocios, se ve sostenido, así, por el desprecio hacia la vida propio del neoliberalismo como por la defensa y blindaje que el Estado asegura para el mercado. Disponiendo quiénes sí y quiénes no pueden volver a operar, el aparato estatal se ve expropiado por fuerzas ajenas a las demandas públicas. Si ya se sabía que el ingreso a la cuarentena en realidad era la forma por la que se buscaba sostener el sistema sanitario, más allá de las vidas que se iban perdiendo, la salida de esta indica que lo que ahora se busca preservar y recuperar es el sistema económico. Así, la pregunta que no deja de resonar en medio de la confusión y el apuro sigue siendo, ¿qué vidas realmente importan?

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