Migración venezolana: un asunto político en Perú

Perú, 27 de mayo de 2020.

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En Perú, pese a ser un tema medular, la migración venezolana no importa, o importa muy poco para la clase política. Mejor dicho, la búsqueda de una solución se encuentra en lo más bajo de su lista de prioridades. Siendo el foco de discursos populistas y xenófobos, la población venezolana, que llegó a Perú hace unos años producto de la crisis que asola su país, es una de las tantas poblaciones vulnerables dentro de su territorio. No obstante, sus problemáticas suelen dejarse de lado para reforzar discursos que los invitan a “regresar a su país”. A estas voces se ha sumado Acción Popular tras presentar el pasado lunes el proyecto de ley N° 5349/2020-CR, por iniciativa de Orlando Arapa Roque, congresista de Puno. ¿Qué plantea este proyecto de ley? ¿por qué apunta directamente a la población venezolana? ¿bajo qué argumento es apoyado por la mayoría parlamentaria?

Específicamente, plantea dejar de flexibilizar la migración venezolana en Perú en base a evidencias económicas (por cierto, muy sesgadas) respecto al Perú después de la pandemia. Estrictamente, hablando lo que plantea es retirar al país latinoamericano del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de ONU, pues contraviene lo propuesto por el proyecto de ley. Sí, efectivamente lo que se busca es salir de un pacto que lo único que busca es una cooperación internacional para un desarrollo sostenible la migración.

Créditos: Omar Lucas-El País.

Claro está que la pandemia ha precarizado ya la precaria situación en la que vive la población venezolana. Esto lo señala muy bien el proyecto de ley, pero solo para reforzar su argumento. Desde ya queremos señalar que dividir la solución, el tener que elegir entre dos poblaciones vulnerables sería un retroceso en el (poco) avance que ha hecho la política peruana para atender estos serios problemas.

Y lo que plantea este proyecto de ley ya es una invitación a lo precario, a fortalecer el discurso xenófobo que aflora en todas las regiones del Perú. La ley plantea criminalizar al migrante, que irregular o no, continua estando en una situación terriblemente delicada. El focalizar esfuerzo en los connacionales es un argumento que disfraza un falso nacionalismo, que apela a un argumento netamente económico. Pero, si usáramos los números para justificar cualquier medida, quizá Lima seguiría siendo aquel balcón desde el cual los políticos observan al resto del país.

Créditos: Omar Lucas-El País.

Retirar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) , como plantea el Artículo 2 del proyecto de ley, implicaría expulsar a casi toda la población venezolana, exponer a oficialmente 491 000 venezolanos que hoy cuentan con dicho permiso al abandono, al desamparo. Endurecer los protocolos migratorios afectaría notablemente a nuestra economía, pues no es como parece sugerirse en el proyecto de ley, que la población venezolana ha venido a ocupar puestos de empleo que pertenecen al peruano, sino que también son víctimas de esta vulnerabilidad, y la pandemia los golpeará aún más fuerte. Muchos de ellos trabajan en la informalidad, viven del día a día. Expulsarlos no generará más trabajos para los peruanos, porque muchos de ellos han generado sus propias oportunidades frente a las puertas cerradas de muchos negocios.

Si vemos la migración como el problema que resolvería el desempleo, si planteamos que es el mejor interés para el pueblo peruano que desaparezcan y endurecer las políticas migratorias, entonces nosotros también somos parte del problema. La xenofobia no produce ninguna identidad positiva y solo levanta más muros en una sociedad ya acostumbrada a tenerlos. Y esto es algo que merecería una conversación más seria en la sociedad peruana, impulsada por un lado por los representantes como Arapa y por partidos políticos como Acción Popular. Este tipo de proyectos legislativos no ayudará en nada a palear los efectos económicos que tendrá la pandemia en la población peruana, como mucho, los agudizará para algunos sectores. No producirá más empleos, no ayudará a nadie más que a los autores de la ley a solidificar una breve imagen como políticos. Pero esta clase de proyectos, rumbo al bicentenario, no deberían siquiera discutirse. Entendiendo esto, quizá, Perú pueda progresar como sociedad.