Mucho humo, pocas nueces

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El Congreso de la República en Perú vuelve a ser protagonista de todos los focos. No especialmente por su buen y transparente accionar, sino por todo lo que ocurrió en la histórica primera sesión del Pleno virtual el día jueves 07 de mayo. En redes sociales, se estuvo hablando de renuncias, declaraciones juradas y peajes. Pero, poco o nada se decía al respecto. En este ambiente, la desinformación prolifera pues si bien se dice mucho al respecto, no se informa nada o casi nada. Así que desde Postveritat, venimos a explicarte todo lo que tienes que saber sobre lo que sucedió ayer.

Horas antes, todo había estado girando en torno a uno de los temas más anticipados de este pleno, la aprobación de la renuncia de la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

219 días antes, Aráoz había presentado su renuncia, en el contexto de la disolución del Congreso de la República —accionar que fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional de Perú en la sentencia del Expediente N° 0006-2019-CC/TC(1)— y no había sido agendado desde entonces por el nuevo Congreso. No debemos olvidar que previo a su renuncia, Aráoz juramentó como Presidenta Encargada frente al ya disuelto Congreso, que minutos antes —ya disuelto— había declarado la incapacidad del Presidente Martín Vizcarra. Al día siguiente, frente al apoyo que recibió Vizcarra tanto de los gobernadores regionales, las Fuerzas Armadas y un gran sector de la población, presentó su carta de renuncia irrevocable.

Créditos: Congreso de la República.

Desde entonces, su gran arma había sido su silencio. Algo que sin duda, había ayudado a que gran parte del país olvidara que tenía vicepresidenta. Pero con cada declaración que daba, con la insistencia que mantenía sobre un cierre (figura inconstitucional) y no disolución (término apropiado) del Congreso, señalaba sus diferencias con un Ejecutivo que ya no quería saber nada de ella. El tema se hizo eterno, y parecía de nunca resolverse, hasta que se agendó para la primera sesión del Pleno virtual.

Tras un breve debate —que en realidad sirvió de trámite pues muchas bancadas habían hasta adelantado opinión respecto a este tema durante la campaña— la mayoría de las bancadas expresaron su conformidad con aprobar la renuncia de Aráoz —excepto por los tecnicismos que esbozó Fuerza Popular, a través de su vocero, Diethell Columbus, que consideró la disolución como una “situación de facto”, manteniendo el discurso de su partido desde aquel 30 de septiembre de 2019— y se expresaron preocupaciones por el vacío constitucional que dejaría un Gobierno sin vicepresidentes. Como bien señalaron muchas bancadas, la Constitución dispone en su artículo 115 la sucesión de Mando, pero, como señaló Gino Costa, esta situación demandaría “una interpretación de hecho”, algo muy problemático. El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, anunció que plantearía una reforma constitucional para subsanar dicho vacío.

Finalmente, se aprobó sin mayor sorpresa con 112 votos a favor y 15 abstenciones (todas de Fuerza Popular) la renuncia.

Pero, pero, pero…

El tema de Aráoz no fue lo único que se abordó ayer. También se aprobó por insistencia la ley que suspendía el cobro de peajes administrados por concesionarios privados durante la emergencia decretada por la COVID-19. Cabe recordar que esta norma fue aprobada inicialmente el pasado 3 de abril y remitida tres días después a Palacio de Gobierno. El presidente Martín Vizcarra esperó hasta el último día del plazo legal (15 días hábiles) para presentar la observación formal, el pasado 29 de abril.

Incluso, un día antes, durante la Junta de Portavoces, María Antonieta Alva Ministra de Economía y Finanzas, y Carlos Lozada, Ministro de Transportes expresaron su disconformidad con dicho proyecto.

Pese a ello, Luis Simeón Hurtado, Congresista de Acción Popular y Presidente de la Comisión de Transportes, mantuvo su postura inicial. Al indicar el carácter temporal de la norma (se extendería como máximo por tres semanas), Martha Chávez Cossio, Congresista por Fuerza Popular, señaló que precisamente por la corta duración, la ley sería un despropósito.

Por su parte, Daniel Olivares, del Partido Morado, sostuvo que esta suspensión no beneficiaría al Estado peruano, sino a los transportistas que operan al costado de la ley.

En la última conferencia de prensa, este tema fue abordado de nuevo por Maria Antonieta Alva, quien notificó que pediría la inconstitucionalidad de la norma, pues podría perjudicar el Estado en futuros juicios por aquellos concesionarios privados que hoy se verían perjudicados por dicha norma. En la misma línea, se mantuvo el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Y cuando pensabas que se había terminado…

Acción Popular sacó adelante una de sus propuestas emblema, en la que planteaba modificar el reglamento interno del Congreso para que sea la Junta Directiva del Congreso quien asuma el control de dichas declaraciones, en lugar de la Presidencia del Consejo de Ministros, como había establecido el decreto de urgencia aprobado por el Ejcutivo durante el interregno parlamentario.

Amparándose en su autonomía constitucional, el proyecto inicial(2) establecía que el Consejo Directivo del Congreso debía establecer los plazos para presentar las declaraciones juradas de intereses, no solo de los congresistas, sino de todos los servidores de la institución. En esa misma línea, se señalaba que el Consejo Directivo deberá señalar al órgano parlamentario encargado de verificar el cumplimiento de esta obligación y su publicación. Es decir, sería el Congreso quien se regularía a sí mismo. O como señaló Daniel Oseda, congresista de FREPAP, esta ley alimentaba la frase “otorongo no come otorongo”. Incluso, Diethell Columbus, de Fuerza Popular, presentó una cuestión previa para que la ley regrese a comisión, que fue, por supuesto, rechazada.

Cabe recordar que cuando, en diciembre pasado, el Ejecutivo promulgó esta norm,a una de las instutciones que alzó su voz de protesta fue la Contraloría General de la República protestó, a través de documentos oficiales remitidos a la PCM, sosteniendo que se debe “respetar” la autonomía de la contraloría sobre la regulación de la gestión de intereses de los funcionarios. Esto debido a que la Contraloría tiene actualmente bajo su control las declaraciones juradas de bienes y rentas, el cual incluso es un requisito obligatorio para que los parlamentarios puedan jurar al cargo.

Por el contrario, la declaración jurada de intereses no lo es. Curioso detalle, pues que un congresista no encuentre obligatorio reportar las empresas privadas en las que participe, aquellas a las que haya brindado asesoría, así como informar las personas que se encuentren dentro del grupo familiar, así como sus números, su actividad y su centro de trabajo.

Diferencias entre las declaraciones juradas de intereses y las declaraciones juradas de bienes y rentas.
Esta infografía de El Comercio refleja mucho las diferencias entre lo obligatorio por ley y aquello a lo que ha rehuído el Congreso.

Quizá por esto, hasta la fecha, solo el 7% de los parlamentarios habían presentado su declaración jurada de intereses. Finalmente, el pleno aprobó en primera votación la iniciativa con 94 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención. Las bancadas que se opusieron fueron el FREPAP, Frente Amplio y el Partido Morado.

Al igual que con la ley de los peajes, fue abordado por el Ejecutivo durante la última conferencia de prensa. En aras de la transparencia, Vizcarra invocó a la reflexión a los congresistas para que cambiaran su parecer. Igual parecer expresó Vicente Zeballos, por lo que es probable que el Ejecutivo no se quede de brazos cruzados frente a estos últimos decretos.

Quedó bajo el tintero la problemática ley sobre los colectivos informales, que ha levantado una antigua rencilla “intelectual” limeña, ¿cuán formales pueden ser los informales y bajo qué condiciones se puede vencer la informalidad sin perjudicar a quienes viven bajo ese sector? Es probable que el Congreso vuelva a estar bajo la tormenta por esto en las próximas semanas.



(1) Link verificado por última vez (08/05/2020).

(2) Link verificado por última vez (08/05/2020).