#EmpresariosDestruyendoPaís

Perú, 08 de abril de 2020.

El Perú primero. Ese es el slogan del Gobierno peruano desde la llegada de Martín Vizcarra. Pero no necesariamente es el de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Y en un contexto tan delicado como lo es el de esta pandemia, evidentemente ciertas diferencias (digamos, formales) nos demuestran una vez más que para la CONFIEP, el Perú se reduce al grupo de empresarios dentro de sus filas (entiéndase, de ahora en adelante, que cuando CONFIEP haga referencias al país, se refiere en esencia a ese grupo).

Sobre todo, cuando, con la firma de su actual presidenta, María León Klenke, envía una carta a la Ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, sugiriendo algunas medidas que reactivarían la economía del país.


Para revisar la integridad de la carta, hacer clic aquí.


¿De qué sugerencias hablamos? Pues de nueve medidas, de las cuales solo ocho afectan las condiciones laborales. ¿Es esto esperable? Sí. Por más terrible que suene, era cuestión de tiempo para que CONFIEP solicite un paquetazo laboral al Gobierno. El accionar de las AFP la semana pasada no era, pues, un accidente, un hecho aislado. La clase empresarial está desesperada en esta cuarentena y poco a poco empiezan a chocar con un Gobierno que a duras penas puede darse abasto para atender la emergencia sanitaria. Asumen que si hay un momento para demandar, es ahora.

Pese a que María Isabel León pretenda hacernos creer que, desde el inicio, estuvieron de acuerdo con las medidas del Gobierno en el aspecto laboral, lo expresado en la carta demuestra que siempre estuvieron en desacuerdo con las condiciones laborales en esta cuarentena tal cual fueron estipuladas por el Gobierno en el D.U. Nº 029-2020, específicamente a partir del Título III (Medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19) en el artículo 26. Si bien para sectores públicos, en caso no se trate de “servicios y bienes esenciales” y no se pueda realizar el “trabajo remoto”, los empleadores deben otorgar una licencia con goce de haber a sus trabajadores, lo que implica que estos sigan recibiendo sus remuneraciones.

Sobre todo, el mayor desacuerdo se produce por lo que señala el D.U. en el caso del sector privado, precisa la norma, “se aplica lo que acuerden las partes”. Aunque de faltar un acuerdo, “corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional”.

Y es precisamente a este último punto al que CONFIEP ha encontrado el mayor de los reparos. Puese, pese a lo laxo del “lo que acuerden las partes”, ninguna empresa quiso pagar las licencias con goce de haber. No en vano, en redes sociales se empezaron a denunciar como ciertos negocios comenzaron a resolver de mutuo acuerdo contratos, o una reducción de sueldos. Y es que, claro, el “mutuo acuerdo” siempre luce tan bien en papel, pero no necesariamente en la realidad. Si retrocedieron con ese accionar fue, precisamente, por la presión de las redes sociales trasladada a la prensa. Pero ahora, no necesariamente sea así. Sobre todo, porque no se termina de entender en qué consisten estas medidas. Y a eso precisamente nos dedicaremos a continuación.

En resumen, en estas nueve medidas se incluyen medidas que volverían aún más laxas la posición del Gobierno en el aspecto laboral. En un aspecto muy abandonado para el Ejecutivo, darle aún más campo de acción al empresariado, en un momento en el que, su único contrincante en la Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), los sindicatos, se encuentra severamente golpeado por el estado de aislamiento social.

Pide, en primer lugar, que la compensación de horas se decida de manera unilateral, contemplando incluso a las vacaciones. Amparándose en que no sería seguro, ni viable, esta alternativa obligaría prácticamente a los trabajadores a renunciar, sin saberlo, a sus vacaciones, legítimo derecho laboral.

Además, una suspensión del pago de las CTS. Estipulado para mayo, CONFIEP sostiene que debería suspenderse hasta noviembre, mes en el cual se abonaría el 100% de dicho pago. Igualmente, la suspensión de los pagos de impuestos a la renta de quinta categoría. Ambas medidas, de acuerdo a CONFIEP, se dan “de carácter temporal, a fin de apoyar el mercado formal de trabajadores, que busca mantener su cadena de pagos, tener liquidez y mantener los puestos de trabajo.”

La posibilidad de reducir jornadas (que incluye una reducción de salarios) además de reducir el pago de las licencias con goce de haber, atacaría, como mínimo, a un centenar de trabajadores que hoy, en una economía en stand-by, solo cuentan con esos ingresos.

Claro que cerca al final es donde se encuentran las medidas que realmente podrían generar inestabilidad en el panorama laboral. Por ejemplo, la suspensión de labores hasta por ciento ochenta días, es decir, cerca de SEIS meses. Suspensión unilateral que procedería de inmediato, solo pudiendo ser comprobada y evaluada por plazos de noventa días (tres meses) donde incluso se podría “pactar” una licencia SIN goce de haber. Es decir, más beneficios para el empresariado, reducción de los mismos para el trabajador.

Por primera vez, cuando habla de los grupos de riesgo, sostiene que el Estado podría subvencionar los sueldos de los trabajadores que pertenecen a este grupo. De acuerdo al documento, “la premisa es que las consecuencias de la declaración de emergencia no sean solo asumida por una de las partes, sino que sea compartidas con el Estado”.

El planteamiento, sin embargo, de negociación colectiva es algo que se contradice con la siguiente, cese colectivo. La primera plantea que es necesario acomodar las medidas económicas determinadas en negociaciones colectivas o arbitrajes en proceso a la realidad económica actual. Es decir, muchas empresas se librarán de sanciones severas si esta medida es aprobada. La segunda, es, quizá, la más flagrante de todas. La posibilidad de que las empresas tengan a la mano un cese colectivo, sin mayor coordinación, de manera unilateral, significa una de las mayores afrentas al sistema laboral desde la aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad.

CONFIEP es en esencia el rostro del empresariado peruano. O mejor dicho, del gran empresariado. Y esta carta ha desnudado todas sus intenciones, su verdadera cara, si se quiere. La pregunta es si el Gobierno, o en específico, Sylvia Cáceres seguirá permitiendo que estas sugerencias dicten el accionar del Gobierno.

Es cierto, muchas de estas medidas ayudarían al empresariado, pero no a las MYPES, como señaló ayer en una entrevista a Mávila Huertas, la presidenta de la CONFIEP. Estas medidas tampoco están enfocadas al sector informal. En eso es sumamente egoísta, pero sí democrático en cuanto a la población que perjudicaría. ¿Era el momento para esto? Evidentemente no, pero el empresariado peruano siempre parece jugar con tr balanza ética, la balanza fría de los números, de la economía. En este contexto, quizá más que en otros, es tiempo de averiguar si para Vizcarra, el Perú realmente está primero.