Chile en estado de catástrofe

Chile, 18 de marzo.

Tras encabezar una reunión en medio de la emergencia por Coronavirus, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera decretó el estado constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. El estado de excepción tendrá vigencia a partir de la medianoche de este miércoles y regirá por 90 días, durante los cuales se endurecerán el cumplimiento de las restricciones aplicadas a las reuniones en espacios públicos.

La decisión fue anunciada luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmara que hasta el momento hay 35 casos más, lo que generaba un total de 238 personas diagnosticadas por COVID-19, además de señalar que se dio el primer caso de una persona contagiada sin haber viajado al extranjero.

De acuerdo a Piñera, “dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas; resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social; garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar las fronteras”.

La oposición chilena saludó la declaración del estado de catástrofe, aunque aprovechó la ocasión para presentar un proyecto de ley, redactado por la diputada Camila Vallejo, que busca frenar despidos y descuentos a trabajadores por un lapso de cuatro meses. 

Según establece la ley, durante el estado de catástrofe el jefe de Defensa Nacional puede “ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes”.

Junto con esto, la autoridad tiene la atribución de “determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada”.

Está entre sus facultades, además, “establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público” e “impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública”.

El decreto, que regirá por 90 días, pone en riesgo las numerosas marchas convocadas en el mes de marzo y el esperado plebiscito constitucional programado para el 26 de abril. 

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