Ecuador, entre el caos y la desobediencia civil

Marcelo Mejía Chávez
Estudiante ecuatoriano


En las primeras líneas de su ensayo Desobediencia Civil, Henry David Thoreau afirma que “un gobierno no es, en el mejor de los casos, más que un vehículo; pero la mayoría de los gobiernos se convierten con frecuencia en un inconveniente y todos han resultado serlo en algún momento”. Las últimas semanas en Ecuador, al igual que en Latinoamérica, demostraron la vigencia de esta sentencia. La pregunta que cabe realizarse en este punto es ¿fueron las medidas económicas la clave para entender el estallido social, o el pueblo descubrió que las máximas de su consciencia lo llevaron a reaccionar en contra de las arbitrariedades acumuladas por la autoridad? A lo largo de las siguientes líneas se procurará responder a tal cuestión.

El miércoles 02 de octubre, el presidente Lenin Moreno se dirigió al país para señalar que, con el fin de garantizar la tan ansiada estabilidad económica, un paquete de medidas económicas habría de ser adoptado. Detrás de las medidas estaba la firma de una carta de intención con el FMI, llevada a cabo en marzo del presente año, con el fin de recibir un desembolso de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares. Una de ellas, la eliminación a los subsidios de los combustibles, habría de tener una repercusión inmediata tras haber sido publicada en el Registro Oficial bajo Decreto Presidencial número 883, marcando el inicio del estallido social. Sin embargo, es necesario contextualizar brevemente, para entender por qué tanta conmoción.

En la década de los 70’s, el Ecuador dejó de lado su modelo basado en la explotación y exportación de productos agrícolas, como principal actividad económica, para cambiarla por un modelo más extractivista. Había llegado el Boom Petrolero. A partir del momento en que el país se convirtió en un exportador de “oro negro”, el precio de sus derivados (permanentemente importados), comenzó a subsidiarse ampliamente. Durante los primeros meses de este año, el gobierno retiró el subsidio a la gasolina “Súper” (92 octanos), liberando su precio y llevándolo a un precio aproximado de $3 por galón. El malestar fue notorio, pero no generó descontento. Apenas un 10% de las familias del Ecuador tienen la capacidad de costear el valor de este combustible.

Con el registro del Decreto 883, se autorizó la liberación de los precios de los combustibles de 85 octanos (“Extra” y “Ecopaís”) y el Diésel. Cabe considerar que el 90% restante de los vehículos del país utilizan cualquiera de estos combustibles (el transporte pesado, así como el sistema de transporte público, en su mayoría, poseen unidades que operan gracias al Diésel y Extra). Con la eliminación del subsidio, la gasolina alcanzó un valor comercial de $ 2.39 (26% de incremento) y el Diésel, $ 2.30 (123% de incremento). Sin embargo, considerando las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la proyección del gasto público comprendido por subsidio de combustibles ascendía a 4176.47 millones de dólares (cifra insostenible para la economía ecuatoriana en momentos en los que el gasto público y la deuda superan el umbral estimado del PIB).

Este hecho, que detonó del estallido de la convulsión social, se venía gestando tras 10 años de incertidumbre, corrupción y devastación de la economía y la institucionalidad del país. Entre los años 2010 y 2014, el precio del barril de petróleo superó ampliamente las expectativas programadas. Sin embargo, todos los ingresos generados fueron repartidos entre el gasto corriente que debía cubrir el gobierno, y el pago de la deuda pública.

Tras los primeros días de paralización, varios grupos y colectivos sociales se unieron a la lucha que empezó el sector de los transportistas, cada uno en busca de dar a conocer sus propios objetivos. Con la movilización del sector indígena, el rumbo de la paralización cambió drásticamente. El país entró en un verdadero proceso de lucha social. Sin embargo, a fin de alcanzar sus objetivos, debemos recordar que toda lucha acarrea junto a sí, grandes sacrificios. Las fuerzas del orden arremetieron contra los manifestantes en diversas ocasiones, desatando polémica respecto a las órdenes dictadas por el gobierno. Se estima que el saldo de víctimas mortales superó la decena. Cabe aclarar que, desde el lado de los manifestantes, también hubo provocación, y fue este el origen de muchos de los enfrentamientos con la fuerza pública.

La intervención de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana logró la mediación necesaria para el establecimiento de una mesa de diálogo, en la que se concretó la derogación del decreto y la reconsideración de las medidas, a fin de no desfavorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana (según datos del INEC y del Banco Central, los índices nacionales de pobreza y extrema pobreza, a septiembre del 2019, se ubicaron en 23,9% y 8,7%, respectivamente). Nuevos objetivos se plantearon tras 12 días de paralización, con mira a mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica del país.

Se pudo concluir, entonces, la necesidad de adoptar medidas que garanticen un equilibrio económico, pero estas deben analizarse adecuada y equitativamente. La redistribución de la riqueza debe apuntar a un proyecto de verdadera justicia social, no a un paraíso individual que favorezca intereses personales de los principales grupos de poder. La construcción de este proyecto dependerá de una sociedad que se entienda como un todo, desde su diversidad y claras particularidades.

Aunque las pérdidas económicas (más de dos mil millones de dólares perdidos por la restricción de producción, para en el sector turismo, saqueos, vandalismo) y humanas (más de una decena de fallecidos y más de 1400 heridos) reflejan un saldo negativo, el pueblo ecuatoriano recibió importantes lecciones, entre ellas que la lucha social por la reivindicación de los derechos no es un tema anacrónico; también, que la consciencia social sigue vigente en el pueblo que apuesta por la justicia.

Con una lectura en clave moral y críticamente reflexiva de los acontecimientos vividos, podemos entender que el vector por el que el país debe empezar a desplazarse, apunta a forjar, desde las bases, un verdadero sistema político, si su objetivo es garantizar un cambio en el “paradigma de la corrupción” que ha sido una enfermedad que por tanto tiempo lo ha debilitado institucional y particularmente. De conseguir que comiencen a darse los primeros pasos, a través de cambios sustanciales en el modelo educativo, el sacrificio de estos días no habrá de ser vano, ni se ha de perder en el olvido. Desde allí, el pueblo entenderá que hay esperanza en la reacción estructurada que hace frente a la corrupción.