#ConMisMárgenesNoTeMetas: Comentarios a la Política Nacional de Competitividad y Productividad

Créditos: Fundación Hewlett.


El 31 de diciembre, el Presidente Martín Vizcarra, promulgó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) (DS 345-2018-EF), pese a haber declarado públicamente que este no se iba a aprobar sin consensuarlo previamente en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)[1]. Este documento presenta una serie de diagnósticos y lineamientos de política a aplicar hasta el 2030. Respecto al mercado laboral, en el Objetivo Prioritario Nº 5, “Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno”, el documento presenta un diagnóstico del mercado laboral y de las causas y consecuencias de la supuesta rigidez y regulación laboral. El presente artículo busca precisar algunos diagnósticos o con el fin de esclarecer o desmitificar la secuencia lógica de lo mencionado en la PNCP.

1.- Fallo del Tribunal Constitucional y contratos a plazo determinado

“A raíz de la de la [sic] interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la “adecuada protección del empleo frente al despido arbitrario” que debe otorgar el Estado, se habría incrementado la rigidez laboral” (PNCP, 2018).El documento aduce que “el efecto de la interpretación otorgada por el TC es la reducción de la probabilidad de tener un contrato por tiempo indefinido, […]”. Para esto, se basan en la investigación de Jaramillo et al (2017)[2], quienes presentan el siguiente gráfico:

En esta línea, la PNCP argumenta que fue producto del fallo del Tribunal Constitucional (2001)[3] que aumentó la contratación a plazo fijo, en desmedro del contrato indefinido.Sin embargo, este es un argumento, por lo menos, falaz y, por la limitación de su base de datos, insuficiente. Revisando diversas fuentes de información[4], se pudo encontrar información previa al fallo del TC, que mostraría que la tendencia creciente de los contratos a plazo fijo empezó con las reformas laborales que realizó Alberto Fujimori a partir del 1991. Para el primer periodo (1986-1997) se utilizan los cálculos que realizaron Saavedra y Maruyama (2000); mientras que para el segundo periodo (1999-2017) se utilizan las Planillas Electrónicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Aquí radica la principal diferencia en los niveles reportados para ambos periodos. A pesar de esto, se puede observar que la tendencia creciente de los contratos a plazo fijo se inició con las reformas de 1991. Por otro lado, no resulta claro el efecto del fallo del Tribunal Constitucional (2001) sobre dichos contratos[5]. En este sentido, se puede ver que si se dispone de información previa a las reformas laborales de Fujimori, el análisis cambia radicalmente.

Esto está en línea con lo dicho por Cuadros (2018)[6], quien sostiene que “[…] el proceso de sustitución de la contratación a plazo indeterminado por la contratación a plazo fijo en realidad se inició hace 27 años, previamente a la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el despido arbitrario del año 2001 […]”.En síntesis, el argumento de que el fallo del TC en el 2001 sobre reposición ante despido arbitrario, esbozado en el Política Nacional de Competitividad y Productividad, es la razón de que los contratos a plazo fijo hayan aumentado y predominen respecto a los indeterminados es insuficiente ya que no analiza el periodo de gran flexibilización del mercado laboral después de 1991.

2.- Costos de despido y rigidez laboral

El argumento sobre los costos laborales y su relación con la productividad y rigidez al momento de contratar es transversal al presente documento. En este sentido, a continuación se analizará cada uno de los argumentos por los que el PNCP sostiene esto. “[…] en el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado […] difiere de nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuales registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año (menores a la nuestra)” (PNCP, 2018)El documento en cuestión hace referencia a que el costo de despido de nuestros socios comerciales de la Alianza del Pacífico es menor que el que existe en el régimen general para Perú (DL Nª 728). Sin embargo, según el Índice de Competitividad Global, realizado por el World Economic Forum 2018[7] (citado por la misma PNCP), Perú se ubica en el puesto 40 de 140 países respecto a costos de despido (medido en semanas de salarios); mientras que Chile se encuentra en el 114, Colombia 71 y México 99.

En este sentido, el argumento de que los costos de despido para Perú, en la práctica, son mayores que en los de la Alianza del Pacífico (países con similar visión sobre la economía política y las regulaciones del mercado) es falsa. Siguiendo con el análisis de costos de despido y su efecto en el mercado laboral, una de las razones por las que el Perú se encuentra en mejor posición que sus pares de la Alianza del Pacífico puede ser por la composición de los asalariados según tipo de contrato o carencia del mismo.

En este sentido, para el 2017, del total de trabajadores asalariados en el Perú, más de la mitad (55%) no contó con ningún tipo de contrato, es decir, no tiene estabilidad ni calidad laboral alguna. Además, en tanto los contratos a plazo fijo tienen duración de 6, 3 o hasta 1 mes, la probabilidad de que una empresa incurra en un costo por despido se reduce al mínimo, al enmascarar el despido como una “no renovación del contrato”, restringiendo virtualmente cualquier tipo de sindicalización y/o participación en huelgas. En esta línea, Sánchez y Cuadros (2007)[8] registran que “según información estadística oficial del INEI y el Ministerio de Trabajo, entre los años 1990 y 2000, a la par que se intensificaba el uso de contratos a plazo fijo, la tasa de afiliación sindical se redujo drásticamente en Lima Metropolitana, pasando de 22% a 3%”.

Asimismo, tan solo 12 de cada 100 trabajadores contó con un contrato a plazo indeterminado. Por lo tanto, de ser el caso, la posible indemnización (costo) por despido solo se aplicaría a este reducido grupo de trabajadores. En todo caso, la reducción de los costos de despido no reduciría la supuesta rigidez del mercado laboral.Del mismo modo, si se analiza la distribución de los trabajadores asalariados a plazo indeterminado para el año 2017 (12 de cada 100), se podrá notar que la mayoría de estos (54%) trabaja en una empresa con más de 100 trabajadores; mientras que tan solo el 13% de los contratados a plazo indeterminado labora en una microempresa.

Si a esto le sumamos que la legislación laboral para la micro y pequeña empresa ya presenta menores costos de indemnización por despido[9], el énfasis que hace el PNCP sobre el costo de despido parece haber sido pensado más en las grandes empresas (más de 100 trabajadores) que en las MYPES. De ser así, y teniendo como objetivo la formalización laboral, la PNCP estaría enfocando de forma antojadiza su atención a empresas con un gran nivel de trabajadores formales (91% de los trabajadores de las empresas con más de 100 trabajadores son formales[10]), con el fin de reducirles el costo por despido y así aumentar sus márgenes de ganancia.En conclusión, el fallo del Tribunal Constitucional del 2001 sobre la reposición en el puesto de trabajo ante despidos arbitrarios no explica de manera suficiente el aumento de los contratos a plazo fijo, a costa de los indeterminados. Asimismo, el costo de despido de Perú es mucho menor, en la práctica, a los que presentan sus pares de la Alianza del Pacífico, según la WEF.

Además, los trabajadores a plazo indeterminado no solo son una pequeña parte del total de asalariados (12 de cada 100 trabajadores) sino que además se concentran en empresas que están en la capacidad de cubrir los posibles costos de despido (empresas con más de 100 trabajadores); mientras que las MYPES, que concentran la menor proporción de trabajadores con plazo indeterminado, ya tienen menores costos por despido. Finalmente, uniendo ambos argumentos, que la misma Política Nacional de Competitividad y Productividad recoge, se podría concluir que las reformas laborales que ejecutó Alberto Fujimori desde que llegó al poder[11] no mejoraron la eficiencia del mercado de trabajo ni la calidad de empleo, ya que hemos heredado una concentración de asalariados con contratos a plazo fijo que perjudican sus ingresos y, al fin y al cabo, su bienestar (Cuadros, 2019; Jaramillo et al, 2017).Los redactores de esta Política (Ministerio de Economía y Finanzas, con el respaldo del presidente Martín Vizcarra) parecieran más preocupados en la distribución de la torta, que en buscar cómo agrandarla. Esto no sería cuestionable, sin duda, si dicha distribución buscara el reparto justo entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, cada vez es más notorio que lo que se busca es empoderar a estos últimos frente a los primeros y así, aumentar sus márgenes de ganancia.


[1] La República – Martín Vizcarra: “Política de Competitividad será debatida con los actores sociales”. Disponible en: https://larepublica.pe/economia/1367252-cade-2018-martin-vizcarra, revisado 11/01/19, verificado 23/08/19.

[2] Jaramillo, M., Almonacid, J., & De la Flor, L. (2017). “Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral del 2001. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo”

[3] El TC falló a favor de la reposición del empleo en casos de despidos injustificados.

[4] Saavedra y Maruyama (GRADE, 2000) “Estabilidad laboral e indemnización: efectos de los costos de despido sobre el funcionamiento del mercado laboral peruano”; Planillas Electrónicas del MTPE.

[5] Para un análisis más profundo de los datos sería necesario replicar el estudio de Jaramillo, Almonacid y De la Flor (2017), solucionando los problemas metodológicos que presenta y considerando información histórica anterior al fallo del TC. Este nivel de análisis se presentará en una siguiente investigación.

[6] Cuadros (2019) ““Rigidez laboral” y contratación temporal en el Perú”.

[7] The Global Competitiveness 2018, publicado por el WEF. Disponible en: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/

[8] Sánchez y Cuadros (2007) “La contratación temporal en el Perú: la informalidad escondida”.

[9] Según los regímenes laborales respectivos, 1/3 de la remuneración mensual por año con un tope de 3 meses para las microempresas y 2/3 de la remuneración mensual por año con un tope de 4 meses para la pequeña empresa.

[10] INEI, Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017.

[11] Las cuales consistieron principalmente en recortar derechos ganados del trabajador con la excusa de dinamizar el mercado de trabajo. Véase Saavedra y Maruyama (2000) para mayor información sobre las reformas.


Informe elaborado por Elsa Davis de Gato X Liebre, originalmente publicado el 12 de enero de 2019 en la página de Facebook.

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