En nombre de la ley*

Franco Gonzales Mejía
Estudiante de Derecho


Alan García, en su dimensión histórica y política, puede ser condenado por una serie de transgresiones. En el presente artículo no pienso ahondar más en dicho aspecto. Su figura ya está en el juicio moral y social de la historia y el pueblo juzgará su legado político, enmarcado ahora en la subsistencia del Partido Aprista Peruano. Hoy toca hablar de los efectos que su muerte tiene para el Perú. Su suicidio, en el marco en el que se produce, crea nuevas tendencias políticas y escenarios en el ámbito jurídico de nuestro país. Ha causado que se cuestione el rol del presente gobierno liderado por Vizcarra en la lucha contra la corrupción, y que tanto esta “lucha”, en coordinación con el Ministerio Público, obedece a principios legales y no a intereses políticos. Se empieza a evidenciar que el proceso penal se ha contagiado del clamor de la calle, lo cual ha vuelto en todopoderosos a los ya conocidos fiscales. En los siguientes párrafos haré el esfuerzo de explicar, a la luz de la muerte de García y la prisión preventiva de PPK, porque las medidas tan populares de la Fiscalía no se ajustan a Derecho y están violando una serie de derechos fundamentales.

Para realizar el siguiente análisis tenemos que hacer el esfuerzo sobre humano de separar la figura política de García del sujeto de Derecho García. Su figura política es la que en base a nuestro juicio moral podríamos haber metido presa hace muchísimos años, sin ninguna investigación ni proceso judicial. ¿Juicio justo? ¡Para qué! Si todos sabíamos que era corrupto. Esa manera de pensar podemos tenerla todos en las entrañas. Pero no es así como funciona el Derecho, ni las leyes ni un Estado constitucional que se rige por estas. En una nación que respeta criterios básicos de justicia, se respeta el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Nadie puede irse preso sin un juicio justo. Nadie. Así hubiera sido el más cruel de los asesinos. Hasta ese deplorable individuo tiene el derecho a defenderse y a ser condenado con dignidad y en respeto de sus derechos fundamentales.  El García sujeto de Derecho es aquel de esta película. Un hombre investigado por más de 30 años que siempre estuvo un paso adelante de sus enemigos. Nunca le encontraron nada. ¿Sabías por qué le ordenaron la detención preliminar? -¡POR CORRUPTO PUES, FRANCO!- No, así no funciona. La resolución de la detención preliminar basaba su argumentación en puras hipótesis y supuestos fundamentados a medias. A pocos días que hable Barata (este martes 23), no se quisieron esperar. Alan siempre había cumplido con las citaciones realizadas por la Fiscalía, tenía impedimento de salida del país y vigilancia policial las 24 horas. La detención estaba fuera de toda razonabilidad legal y procesal, en una investigación donde no habían encontrado ni una sola prueba en su contra. Esto vulnera el principio de presunción de inocencia y el principio de razonable y debida fundamentación de las resoluciones judiciales.

La detención preliminar y la prisión preventiva son figuras que el derecho y la doctrina penal establecen como medidas excepcionales que deben cumplir con una serie de supuestos jurídicos. En especial la prisión preventiva, que se considera una medida de “última ratio”, es decir, una que se solicita ante una situación extrema donde el fiscal tiene elementos de convicción suficientes para acusar al imputado y tiene indicios sustentados para creer que éste se encuentra obstruyendo la justicia y está a punto de fugarse. No es el caso por ejemplo de PPK, un hombre de 80 años que tiene impedimento de salida del país. No mandas preso a alguien 36 meses para seguir investigándolo, para ver si le encuentras algo o no. Porque en el supuesto que no le encuentres nada. ¿Quién te devuelve esos años en la cárcel? -NO IMPORTA, FRANCO, LO BACÁN ERA VERLO PRESO AUNQUE SEA UNOS DÍAS-  No, así no puede pensar ningún ser humano civilizado y educado. La venganza y el oprobio jamás serán justicia. Bacán hubiera sido ver a García y a PPK seguir un proceso justo por todas sus afrentas contra el Estado peruano para luego verlos presos con una sentencia firme y debidamente motivada. Es lo mismo que hubiera deseado en el caso de Keiko. Claramente, tanto el Tribunal Constitucional, en la sentencia con la que declararon nula la prisión preventiva de los Humala, así como la Corte Suprema en reciente casación de este año, estipulan los requisitos y supuestos necesarios para que se dé un correcto uso y no abuso de la prisión preventiva. Esta no es una sentencia y no puede de ninguna manera emplearse como una condena anticipada. La libertad, después de la vida, es quizá lo más preciado que tiene el ser humano. Cualquier escenario que la limite debe tener el carácter de extraordinario y debe seguir un proceso de extrema rigurosidad. Pero la actuación de los fiscales, hechos héroes nacionales por una prensa irresponsable, está lejos de haber garantizado ello. Han ignorado garrafalmente la jurisprudencia constitucional y se han dedicado a politizar e instrumentalizar el Derecho procesal penal para armar una serie de espectáculos mediáticos que han satisfecho la sed de venganza popular, y se ha hecho todo esto en nombre de la “lucha contra la corrupción”.

Porque ahora está de moda, sin hacer ninguna alusión particular, que los corruptos persigan corruptos y que todos estos hablen de una lucha imaginaria que no existe en contra de ellos mismos. No hay ni habrá lucha contra la corrupción que emane de un sistema estructuralmente corrupto y preso de intereses siniestros. En ese sentido, muchísimos peruanos ignoran el evidente trabajo triangular que realizan los medios de prensa, el gobierno de Vizcarra y la maquinaria liderada por hombres como Gorriti, que llena de combustible el trabajo de Domingo Pérez. Es una orquesta muy bien pensada y que llevó al actual presidente a alcanzar altos niveles de popularidad, a equiparar la figura de Domingo Perez a Grau o Bolognesi y a que todos se regocijaran, sin tener mayor conocimiento o información sobre el tema legal, de las detenciones preliminares y prisiones preventivas abusivas de los últimos meses. Ahora las encuestas estaban bajando, las Bambas estaban quemando, los libros escolares escandalizando y cuando finalmente ver a Alan preso cubriría todo ello, Alan jaló del gatillo. Es por ello que su muerte no es meramente el suicidio de un ex presidente. Su nefasta manera de partir visibiliza un problema judicial, político y moral en el Perú, del cual son parte tanto los viejos villanos de la República, como los falsos héroes que ahora la pretenden conquistar.

Quizá por mis versos se me trate de asociar a alguna fuerza o movimiento político. Felizmente no pertenezco a ninguno. A mí no me pueden decir fujimorista ni seguidor de Keiko, he marchado contra ella aquí en Lima y en las alturas del Cusco. A mí no me podrán decir PPKausa, denuncié los estrechos vínculos de PPK con Odebrecht un año antes de que salieran a la luz y fueran producto de escándalo. A mí no me podrán decir aprista ni alanista, ya que en mi memoria esta la muerte de los 23 compatriotas en Bagua, entre policías y hermanos indigenas awajun y wampi que se mataron entre ellos por orden directa de Alan García Perez, a través de su ministra Mercedes Cabanillas. A mí no me podrán decir caviar, queda claro en los párrafos de arriba porque no lo soy. En mi conciencia solo está, como en la de todos los peruanos de bien, el saber que tanto Fujimori, Toledo, Alan, los Humala, PPK y Vizcarra han pertenecido a un sistema que vulnera y traiciona sistemáticamente la confianza del pueblo peruano. Esa traición, que en muchas ocasiones se concreta en la comisión de delitos, tiene que ser severamente sancionada, como manda cualquier sano y correcto imperio de la Ley. Pero no se logrará aquello con actuaciones cantinflescas como las de Domingo Perez. No lo lograremos en base a escándalos mediáticos que solo satisfacen de manera populista y corto plazista el hambre de justicia de toda una nación. El problema con implementar el Derecho de manera salvaje, primitiva y en contra de la Constitución, es que nos da como resultado la indefensión de los Derechos fundamentales de los ciudadanos, la inestabilidad de su seguridad jurídica y finalmente la afectación al bien común. Y todo lo que se degenera de esta manera solo tiende a generar caos, todo lo opuesto a la paz social. Y no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin Derecho. Las únicas vías son el debido proceso, el respeto de los derechos constitucionales, y las sentencias fundamentadas en estricto Derecho. Esa es la diferencia entre el caos y el orden. Entre jugar a la lucha contra la corrupción y en verdad ejecutarla. Es la diferencia entre el bien y el mal. Entre los corruptos y nosotros. Entre un Perú condenado a su cotidiana y decepcionante realidad, a un Perú que en verdad viva plenamente en justicia, paz y libertad.


* Poliantea cumple con informar a sus lectores que el siguiente artículo ha sido reproducido en su integridad por fines diálecticos, a bien que el lector tenga en claro con qué texto se ha de dialogar en En nombre de la historia. Lo reproducimos, sin necesariamente compartir lo que su autor expresa, pero exigiendo el respeto correspondiente a su opinión.